La FABZ, como entidad fundacional de la RAPA, suscribimos íntegramente el informe adjunto, recordando que el movimiento vecinal ha sido una pieza clave en las campañas de movilización contra el actual ICA, y así lo seguiremos siendo

 

4 años perdidos

BALANCE DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO LAMBÁN EN LA LEGISLATURA 2015-2019 RESPECTO A LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ARAGÓN

Próxima a finalizar la actual legislatura, desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) hacemos balance de lo que ha sido la política del gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, en materia de depuración de Aragón.  Estos son, a nuestro juicio, los hechos más relevantes, que dan idea de la falta de proyecto que ha caracterizado la gestión del Consejero Joaquín Olona y del Instituto Aragonés del Agua (IAA), sus dificultades para atender las ofertas de colaboración que se les han hecho desde la sociedad civil y su rechazo a reconocer y valorar las aportaciones que se les hacían:

El gobierno de Lambán prometió frenar la privatización de la depuración de las aguas residuales en Aragón, pero su primera acción nada más llegar al gobierno, en agosto de 2015, fue adjudicar a una empresa privada la gestión del cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), con un coste próximo a los dos millones de euros anuales.

Aunque paralizó los procesos de licitación por el método concesional que estaban en marcha para adjudicar las depuradoras de las zonas 10B y 10C (Bajo Aragón y Maestrazgo turolense), no ha sido capaz de buscar alternativas más eficientes a las depuradoras “tipificadas” en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), adaptadas a la situación real de las poblaciones, lo que ha impedido avanzar en la depuración del agua en Aragón durante los cuatro últimos años.

El gobierno de Lambán ha reconocido en repetidas ocasiones que las depuradoras construidas estaban sobredimensionadas y utilizaban tecnologías caras y poco eficientes.  Sin embargo, en las pocas licitaciones que ha hecho han seguido utilizando el mismo modelo de depuradoras, como en los casos de Calaceite (1,7 millones de euros) y Maella (2 millones de euros).

Ha hecho un tímido intento de avanzar en tecnologías extensivas con una planta piloto en Castelserás que, aunque ha supuesto una inversión de 700.000€ (equivalente a un tercio del coste de las depuradoras que se venían construyendo), sigue suponiendo el triple de gasto que otras experiencias exitosas como Fabara.  Han tenido que ser iniciativas municipales como las de Jaulín o Torrecilla de Alcañiz las que apuesten por tecnologías extensivas, mucho más económicas, o la insistencia de ayuntamientos como Aguaviva, que han obligado al IAA a revisar proyectos inicialmente diseñados con las depuradoras “tipificadas” en el PASD.

La última vez que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) se revisó fue en el año 2009.  La normativa establece que el PASD ha de revisarse cada 6 años, por lo que el vigente caducó en junio de 2015.  El gobierno de Lambán debería haber iniciado el proceso de revisión del PASD tras su toma de posesión.  Sin embargo, va a terminar la legislatura sin que se haya iniciado un verdadero proceso de revisión del PASD que modifique los datos utilizados para dimensionar las depuradoras, los criterios medioambientales, técnicos y económicos que las justificaban y consolide de una vez por todas, un modelo de gestión pública de la depuración en Aragón.

La mayoría de los pueblos del Pirineo siguen vertiendo a los ríos sus aguas residuales sin depurar.  La Confederación Hidrográfica del Ebro factura a estos ayuntamientos el canon de control de vertidos más alto y, además, les sanciona por el incumplimiento legal de depurar, cuando la competencia está cedida al IAA. Esta situación conlleva el incumplimiento de directivas europeas medioambientales que va a ser investigado por la Comisión Europea (como el procedimiento 2012/2100), lo que puede suponer la imposición de sanciones millonarias al Reino de España.  La pasividad del gobierno de Lambán no tiene excusa.

No ha sido capaz de dar respuesta a los municipios del Pirineo que deberían tener construidas sus depuradoras hace muchos años, sin coste alguno para los aragoneses, gracias al Convenio que se suscribió con el Ministerio de Medio Ambiente en 2008, cuya finalidad se ha incumplido sistemáticamente con la connivencia del resto de instituciones implicadas, lo que puede suponer que Aragón tenga que devolver al Estado más de 117 millones de euros, según cifras de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Ahora pretende que las inversiones en depuración del Pirineo las paguemos entre todos los aragoneses, mientras gobiernos anteriores gastaron el dinero del ministerio en comprar voluntades y forzar la cesión de competencias municipales en depuración con obras que se debían haber financiado con los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.  Lo único que ha hecho el gobierno de Lambán en esta legislatura ha sido anunciar en diciembre de 2018 un plan plurianual de inversiones para el periodo 2019-2024, que deberán ejecutar otros gobiernos, por valor de 74 millones de euros para construir 19 depuradoras en las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes, más una línea específica de subvenciones con un presupuesto total de 43 millones.  En ningún momento ha explicado de dónde van a salir esas cantidades.  Incluso la rescisión definitiva de los contratos concesionales vigentes en las cuatro zonas del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés se va a demorar más allá de esta legislatura, con un coste adicional que ya lleva acumulados 5 millones de euros.

La única solución que ha encontrado para avanzar en la depuración en pequeñas poblaciones (más de 450 pueblos de menos de 1.000 habitantes equivalentes, incluidos en el Plan Integral de Depuración, PID) ha sido lanzar convocatorias de subvenciones con el objetivo de tener en funcionamiento las depuradoras en 2026, comprometiendo las dos próximas legislaturas.  Sin embargo, con las cantidades que se vienen destinando a subvenciones en la legislatura que termina, harían falta más de 20 años para alcanzar la depuración total de las aguas residuales de los municipios de Aragón.  Los propios servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han reconocido que unos 560 municipios de Aragón no disponen en la actualidad, ni van a disponer en un futuro próximo, de instalaciones de tratamiento de aguas residuales.  De esa manera la depuración no avanza según criterios coherentes y planificados, dando preferencia a poblaciones con mayor afección al medio ambiente y con tecnologías adecuadas, sino que responden a proyectos elaborados por profesionales muy diversos, sin coordinación entre ellos, que suponen un coste para las poblaciones que concurren a la convocatoria, obtengan o no la subvención.  En ese contexto, ¿para qué sirve un PASD? ¿Dónde está la labor de apoyo, asesoramiento y coordinación del IAA hacia los municipios?

El gobierno de Lambán propuso eliminar el IAA y crear una Dirección General dentro del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad para potenciar la gestión pública y alejar la toma de decisiones de las presiones de sectores empresariales y políticos con intereses económicos en las inversiones vinculadas a la depuración en Aragón.  Pero no lo ha hecho y ni siquiera ha sustituido aquellos puestos clave que han favorecido el desarrollo del modelo concesional y la construcción de depuradoras inadecuadas en pasadas legislaturas.

A pesar de que el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de marzo de 2017, sobre la fiscalización del ejercicio de 2015 del IAA, reconocía los sobrecostes en la construcción y explotación del sistema concesional de las plantas de depuración en funcionamiento, y la necesidad de incrementos constantes de las tarifas del ICA, por encima del IPC, para hacer sostenible el sistema concesional, el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de presentar una propuesta alternativa de financiación del PASD que reduzca esos sobrecostes y reduzca la presión fiscal sobre los aragoneses.

El Presidente Lambán, junto con el Consejero Olona y la directora del IAA recibieron a representantes de la RAPA una única vez, en febrero de 2018, donde se les entregó un resumen de la propuesta elaborada como alternativa al modelo de financiación del PASD vigente.  Ha sido imposible volver a mantener otra reunión con el Presidente, ni ha dado respuesta fundamentada a las propuestas que se le hicieron. Su reacción fue convocar una supuesta «Mesa Técnica para la evaluación del ICA», cuya composición y contenidos estuvo controlada en todo momento por el gobierno de Aragón, cuya finalidad evidente era desactivar la alternativa de la RAPA, razón por la cual sus representantes no participaron en la elaboración de conclusiones, ni las suscribieron.

El Presidente Lambán se comprometió repetidamente en el Parlamento Autónomo y en los medios de comunicación a presentar por escrito y detalladamente una alternativa de reforma al ICA. Tal compromiso ha quedado incumplido de forma inexplicable.

Han tenido que ser otros partidos políticos los que han solicitado la comparecencia de RAPA en la «Comisión Especial de estudio sobre la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas» para poder defender su alternativa al ICA y demostrar con datos y argumentos sólidos su viabilidad económica, técnica, social y política.

En lugar de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza para buscar una solución pactada a la aportación de Zaragoza para financiar el PASD, el gobierno de Lambán forzó la modificación de la Ley 10/2014, obligando a la ciudad a incorporarse al sistema general del ICA sin negociación previa, contradiciendo la propia actitud defendida por el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, cuando representaba los intereses de la ciudad.

Ha desoído a la ciudadanía de Zaragoza que se ha manifestado con contundencia en dos ocasiones ya, coincidiendo con la emisión de los recibos del ICA de los años 2016 y 2017.  En el primer caso, la ciudadanía se pronunció a través de casi 50.000 recursos de reposición contra los recibos del ICA y con un volumen de impagados de más de 90.000 recibos.  En el segundo caso, los impagados han aumentado hasta más de 106.000 recibos, se han recogido decenas de miles de firmas y se han presentado más de 1.600 reclamaciones económico-administrativas contra esas liquidaciones, que obligarán a que haya un pronunciamiento formal del gobierno de Aragón.  Con toda esa conflictividad social, el gobierno de Lambán ni siquiera se ha molestado en responder los recursos interpuestos de manera individualizada, tal y como le ha sugerido el Justicia de Aragón en varias ocasiones, y ha actuado con total falta de respeto al sentir de la ciudadanía.

Finalmente, se ha constatado que el gobierno de Lambán no ha asumido la responsabilidad institucional que le correspondía respecto a las decisiones erróneas adoptadas por gobiernos anteriores de la Comunidad Autónoma, rechazando asumir con cargo a sus presupuestos generales la parte de los gastos de depuración en Aragón que se pueden considerar «suntuarios».  Es decir, aquellos generados a consecuencia de los errores cometidos en el diseño de las plantas y en el modelo de gestión privatizado.

En resumen: estamos ante una legislatura fallida en la que no se ha revisado el PASD ya caducado en 2015; no se han construido las depuradoras del Pirineo, consideradas de interés general; se ha paralizado la construcción de nuevas depuradoras y las pocas licitaciones que se han hecho han mantenido el ineficiente tipo de depuradoras anterior; se ha privatizado la gestión del cobro del ICA; se ha forzado la incorporación de Zaragoza al sistema general del ICA a través de una modificación legislativa; el IAA continúa siendo un organismo autónomo atenazado por su propia inercia histórica; no se han ejecutado las obras que condicionaban los fondos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente; y se han rechazado las propuestas elaboradas desde la sociedad civil para modificar el modelo de financiación del PASD, despreciando la movilización social organizada y responsable.

Cuando ya no queda margen de maniobra, el gobierno de Lambán pretende realizar algunos efectos de maquillaje para camuflar ante la opinión pública y la población aragonesa el desastre de gestión, económico y social que representa, hoy como hace 4 años, el PASD y el ICA. Maquillaje que no oculta el incumplimiento de su compromiso de presentar una propuesta detallada de reforma del ICA.  También habla de avanzar en la depuración de las poblaciones incluidas en el PID mediante convocatorias de subvenciones, obviando la necesaria planificación de las actuaciones, y lanza un supuesto plan para el Pirineo que, casualmente, se tendrá que poner en marcha en los próximos 7 años.  Para la RAPA todos estos síntomas ratifican el peso y la preponderancia del interés empresarial frente al servicio público, generado por el modelo de gestión adoptado.

Por todo ello, el próximo gobierno que salga de las urnas en el mes de mayo tendrá ante sí unos retos, agravados por la parálisis de la actual legislatura, que deberá acometer desde el primer día, sin solución de continuidad.  Desde la Red de Agua Pública de Aragón hacemos pública nuestra disposición, tal y como venimos haciendo desde hace más de 6 años, para trabajar en un PASD que responda a las necesidades de los aragoneses, con criterios de gestión pública, sostenibilidad y eficiencia, así como en la defensa del ciclo integral del agua como bien público, gestionado desde los ayuntamientos, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro.