Por Maribel Torrecilla Daniel.  Red de Agua Pública de Aragón

            La Cámara de Cuentas de Aragón (CC) ha hecho público su informe de Fiscalización del ejercicio 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA).  En el apartado de gestión,  la CC fiscaliza el Plan Aragonés de Saneamiento y depuración (PASD). Aunque la  auditoría no alcanza nuestras expectativas (todo el PASD y todo el periodo de funcionamiento del IAA), la Cámara de Cuentas  extiende  alguno de sus  análisis a periodos anteriores y posteriores al año en el que centra su estudio.

            Desde 2004 el Gobierno Aragonés, en vez de contratar directamente las obras con fondos públicos,  optó por el método concesional en que una empresa financia, construye y gestiona durante 20 años la infraestructura. La CC entra a valorar qué influencia tiene este tipo de contrato, en qué medida se han cumplido los objetivos marcados en el Plan  y si es viable o no en el futuro planificado en el borrador de la revisión actual del Plan  (2014-2045).

            Lo que dice la CC es grave: «A la CC no le consta que el IAA haya realizado análisis de comparación de eficacia entre la gestión directa y la concesional»,  sobre todo si, además, constata que el coste de construcción es casi el triple por concesión que por gestión directa y casi cuádruple el coste de explotación. Y más aún si en el informe de la CC sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2011 ya se cuestionaba el modelo de concesión seguido para la ejecución de las obras encomendadas por el Estado para las que el IAA contaba con la financiación estatal.

            El método concesional ha resultado decisivo para incumplir los compromisos. Ninguna de las 120 depuradoras en funcionamiento por concesión se terminó en los plazos previstos en los contratos. En tres zonas existe incumplimiento de contratos por parte de los concesionarios cuyos perjuicios no han sido debidamente reclamados por parte del IAA. El Pirineo acumula importantes retrasos e incidencias en su ejecución y al final de 2015 sólo se habían puesto en servicio 20 de las 297 plantas previstas. Al sistema de gestión concesional es imputable un sobrecoste estimado de 5,16 millones de euros (M€)  en el ejercicio analizado (2015).

            De las 1000 depuradoras previstas en el Plan, sólo 296 localidades tienen sus aguas residuales depuradas en 2015.  Los objetivos están claramente incumplidos.

            Respecto a la sostenibilidad económica,  la CC constata que, si Zaragoza no se incorpora al pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), el PASD será deficitario, al menos, en la cantidad que supone su importe.

             Por otra parte, durante los años 2008-16, la Comunidad Autónoma (CA) ha recibido fondos estatales por importe de  unos 142 M€ . De estos ingresos, las cantidades dedicadas a saneamiento ascienden a 28 M€.  La aportación del Estado está condicionada a la completa ejecución por  parte de la CA, y con cargo a sus recursos propios, de las obras del Pirineo y del Plan Especial de Depuración antes del fin de 2016. Existe riesgo de tener que  reintegrar cantidades abonadas por el Estado debido al incumplimiento del convenio.

            Por último, no se consideran otros gastos como la amortización de las instalaciones, el gasto anual de gestión del IAA (que la CC considera imputables al PASD) o los gastos de depuración en Zaragoza capital (dado que sí se considera su aportación). 

            La sostenibilidad económica es, pues,  más que dudosa.

            El informe destaca también el sobredimensionamiento de las instalaciones, y aspectos de falta de legalidad como la inexistencia de certificaciones de obra o el pago de indemnizaciones no justificadas.  

            En el apartado de contabilidad se enumeran 21 incorrecciones contables. Citaré sólo una de ellas:   Las 4 centrales de purines no pueden figurar en la contabilidad como «gestionadas para otros entes públicos» porque  son del IAA. No han empezado a funcionar. Dos de ellas presentan incrementos de  construcción de 60% y 76%. Los 28 M€ de esta inversión no productiva, se han financiado con recursos estatales del Convenio Ministerio-DGA de 2008-

            En el apartado relacionado con  el control de la Legalidad se destacan 17 incumplimientos legales. Por ejemplo:

            En las mesas de los contratos analizados no estuvieron presentes, ni siquiera el mínimo legal: Presidente, Secretario y los dos vocales de asesoramiento: jurídico y control económico. 17 contratos de emergencia analizados deberían haber seguido la tramitación ordinaria y no la de emergencia con adjudicación directa del
contrato.  SARGA factura al IAA sin detallar los costes. La Cámara de Cuentas ha analizado la contabilidad de SARGA  comprobando que gastó hasta un 45,9% menos de lo cobrado al IAA.

            El Informe concluye con  una recomendación que más bien parece una reprimenda.

«La CC recomienda al Gobierno Aragón que, antes de acometer la ejecución de grandes planes y proyectos (como el PASD) realicen  los estudios, análisis y evaluaciones previas suficientes  (antes de la licitación)  sobre las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo.  Cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión de futuros gobiernos, también se recomienda implantar un mayor control de las Cortes de Aragón».

Ante el cúmulo de incorrecciones  contables, de legalidad y de gestión alumbradas en un año como el 2015, de baja actividad presupuestaria, es absolutamente necesario que la  comisión de investigación en las Cortes amplíe el estudio a la gestión de todo  el PASD y a todo el periodo de existencia del IAA, de forma que puedan depurarse responsabilidades por el fracaso económico y daño medioambiental. A la Fiscalía corresponderá  el trabajo de actuar si, en el transcurso de esa investigación, aparecen indicios de conductas y hechos que queden en su ámbito de actuación.

Desde la Red de Agua Pública de Aragón esperamos que se exijan las responsabilidades y penalizaciones previstas en los contratos de concesión en los casos de incumplimiento de contrato (como recomienda la propia CC), que se elabore un nuevo Plan que cambie radicalmente el modelo de contratación, que estudie la posibilidad de utilizar técnicas de depuración más eficientes, que fomente la participación responsable de los Ayuntamientos, que devuelva las competencias a los municipios que lo soliciten, que estudie la posibilidad  de rescatar la gestión concesional y, sobre todo, que establezca otro modelo más justo que el actual para financiar la depuración del agua, derecho humano vital.