La norma en tramitación devuelve privilegios a los medios privados y contaminantes frente al transporte público y la movilidad activa.

Es una oportunidad perdida para mejorar la integración urbana y la calidad de vida en los barrios de nuestra ciudad.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha presentado un informe de alegaciones al anteproyecto de Ordenanza de Movilidad aprobado por el gobierno municipal, cuyo período de exposición pública concluye el viernes 14 de junio.

La valoración general que la Federación hace del anteproyecto de Ordenanza es muy decepcionante. Tras varios borradores técnicos que, sin ser muy ambiciosos, al menos suponían una cierta actualización de la normativa existente, en el texto presentado por el gobierno municipal se aprecia un deliberado frenazo a las políticas de movilidad sostenible, una recuperación de privilegios de los vehículos contaminantes, y una tendencia a la privatización del espacio público. Las continuas referencias a la “libertad de desplazamientos” que se declaran en su preámbulo, no son sino un reflejo de la renuncia municipal a su obligación de regular la movilidad en favor del interés general y de los usuarios más vulnerables. El propio nombre de la Ordenanza ha perdido la palabra “sostenible” que tenía en los borradores técnicos, lo cual es una sincera y terrible declaración de intenciones.

Tampoco cumple este anteproyecto el carácter “compilador” que prometía. Tras varios años supuestamente trabajando en una Ordenanza que unificase las dispersas normativas municipales sobre movilidad, nos encontramos con que no incluye regulación de las Zonas de Bajas Emisiones, ni del estacionamiento regulado (zonas azul y naranja), ni de accesibilidad, y además no tiene en cuenta el proceso participativo ni la redacción del Plan de Seguridad Vial, aún en curso. Además, omite la obligación de incluir un informe de evaluación de impacto de género, tal como establece la normativa en vigor.

El detallado documento incluye 83 alegaciones aportadas por numerosas asociaciones vecinales de la FABZ a través de sus órganos de trabajo y participación. Algunas de las alegaciones más destacadas al articulado son las siguientes:

El Ayuntamiento pretende que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030 pero retira el carácter de sostenible a la Ordenanza y ni siquiera se compromete a garantizar que los vehículos de las contratas de vehículos municipales cumplan con criterios sostenibles.

• El artículo referente a “Seguridad vial en entornos y centros escolares” no tiene en cuenta ningún criterio de seguridad vial ni de protección a la infancia. Al contrario, incluye la posibilidad de habilitar reservas para vehículos motorizados en las inmediaciones de los colegios, lo que va precisamente en contra de esa seguridad y protección, además de haberse demostrado en situaciones reales que son contraproducentes desde el punto de vista de la gestión del tráfico.
• Se incluyen figuras y reservas de espacios que parecen destinadas a poner el espacio público a disposición de empresas privadas, más que a gestionar la movilidad de la ciudad, como son:
• Los entornos regulados de pruebas, cuya figura resulta demasiado opaca, ya que no explica en qué consisten y ni siquiera los define, no incluye parámetros de medida ni control para los mismos, ni condicionantes temporales, etc.
• Zonas de estacionamiento exclusivo para car-sharing y otro tipo de modalidades con escaso o nulo control municipal.
• Un tratamiento privilegiado a las motos para que puedan aparcar en la acera, mientras a la bicicleta, que sí requiere un soporte fijo al que amarrarse, se le prohíbe y discrimina.
• Los carriles multiuso, tal y como se plantean en la Ordenanza, pueden perjudicar al transporte público ya que se pretende que éste comparta espacio con el resto de vehículos (VTC, motos, VAO, etc.), e incluso con operaciones de carga y descarga. La FABZ entiende que es una vía para que el transporte público pierda su prioridad en los carriles-bus.
• La Ordenanza no incluye ninguna medida que haga pensar que se pretende fomentar o mejorar el transporte público colectivo en general, más allá de lo existente.
• En las zonas de acceso restringido al tráfico rodado, ni siquiera se nombran las Zonas de Bajas Emisiones, además de no incluir la posibilidad de aumentar dichas restricciones por motivos de salud pública, así como de incrementar el área a las que se aplican, la cual es de dimensiones muy reducidas.
• Las bicicletas se ven perjudicadas por la peregrina ocurrencia de obligarles a contratar un seguro, sin parangón en ningún país de nuestro entorno por considerarse innecesario y desincentivador del uso, además de la inaplicabilidad por carecer el ayuntamiento de competencias al respecto.
• En general, hemos visto cómo han desaparecido todas las medidas incentivadoras de la bicicleta que sí aparecían en borradores anteriores o están presentes en ordenanzas de otras ciudades españolas. Sin embargo, sí aparecen disposiciones que comprometen la seguridad de bicis y VMP, como la recomendación de favorecer el adelantamiento dentro del mismo carril.
• En lugar de regular la distribución de mercancías, absolutamente descontrolada en la ciudad por el crecimiento del comercio electrónico, se da prácticamente barra libre a estos vehículos, al permitirles operar en carriles multiusos con autobuses, mayores facilidades de reservas de espacio por doquier, o la posibilidad de operar por la noche sin tener en cuenta la afección sonora. Ni rastro de un fomento serio del reparto de última milla con vehículos sostenibles, puntos de ruptura de carga, regulaciones horarias, etc.