Doble rasero urbanístico

Por Juan Carlos Crespo, responsable Urbanismo Secretariado FABZ

¿Seguridad jurídica? El nuevo gobierno municipal paraliza el proyecto del Parque Pignatelli para esperar sentencia judicial, mientras da alas al outlet de Pikolín con sentencia dictada en febrero anulando el proyecto

No dejan de sorprendernos las palabras del máximo responsable del urbanismo zaragozano, el Consejero de Ciudadanos señor Víctor Serrano, cuando declara suspendida la licitación de los suelos de los depósitos del Parque Pignatelli con el objeto de tener garantías de que no habrá sentencia estimatoria ante el recurso interpuesto por el Gobierno autonómico del Sr. Lambán. Según sus propias palabras «por un principio elemental de prudencia en tanto se resuelva el contencioso administrativo que ha presentado el Gobierno de Aragón y se establezca si es acorde o no al planeamiento».

Repasemos los hechos. En enero de 2018 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba con el voto favorable de todas las formaciones políticas, PP, Ciudadanos y PSOE incluidas, la modificación del PGOU para asignar una nueva ordenación a los antiguos depósitos de agua de Torrero junto al Parque Pignatelli. En base al proyecto del Servicio de Planificación y Diseño Urbano el Ayuntamiento acuerda transmitir el suelo objeto de la modificación aislada 94 del PGOU a título de permuta y donde el cesionario se obliga a urbanizar el área G-33-2. Se hallan afectados casi 38.000 metros cuadrados de los cuales el 62,5 % corresponden a la ampliación de la zona verde pasando el actual parque de 29.000 a casi 66.000 metros cuadrados; el 27,7% del suelo destinado a equipamientos públicos, y el 9,4% a vivienda (77 libres y 30 municipales en régimen de alquiler).

De interés general debe calificarse la modificación del Plan transmitiendo suelo de uso residencial para incrementar notablemente la zona verde, dotar de más equipamientos municipales y promover vivienda pública en régimen de alquiler.

A lo largo de los meses se tramita el correspondiente procedimiento administrativo: proyecto de reparcelación, concurso para adjudicar los suelos y licitación del proyecto de urbanización. Estando en curso dichos procedimientos diferentes empresas presentan sus ofertas para la adquisición de los suelos y diversos equipos técnicos optan a la redacción del proyecto.
En plena precampaña electoral, en el pasado abril, la DGA insta al Ayuntamiento la paralización de la subasta de suelo argumentando defectos formales. Y dado que los técnicos municipales elaboran los preceptivos informes que estiman la legalidad del procedimiento, el Gobierno del Señor Lambán recurre en vía judicial y solicita medidas cautelares que le son desestimadas por el Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Zaragoza.Por tanto no existe a día de hoy sentencia respecto al recurso interpuesto en su día por el gobierno PSOE-CHA de la DGA y, lo que es más significativo, el juzgado no estima las medidas cautelares solicitadas para paralizar el procedimiento.

Tras la constitución de la nueva corporación, y con el Señor Azcón como nuevo alcalde con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno ha sido la suspensión de los expedientes relacionados con la amplicación del Parque Pignatelli. Y entre el argumentario del Consejero de Urbanismo, el abogado Víctor Serrano, destaca la falta de seguridad jurídica ante el recurso interpuesto.
De facto se paraliza todo el procedimiento que estaba próximo a su conclusión: no se adjudica ni suelo ni redacción del proyecto de urbanización, no se avanza en la ampliación del parque, en la construcción de equipamientos municipales ni en la promoción de vivienda privada y pública.

Y ahora viene lo del doble rasero. A los responsables del PP, Ciudadanos y PSOE les sonará un caso similar, urbanístico y que también se halla sometido a los tribunales: el outlet de Pikolín. A diferencia del Parque Pignatelli, el plan especial promovido por IBEREBRO, S.A. (empresa del Sr. Solans) sobre el que se sustenta la gran superficie comercial de la carretera de Logroño sí que cuenta con una sentencia de 19 de febrero de 2019 de la Sección nº1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que lo declara nulo de pleno derecho.

Y pese a ello, tras la publicación del fallo, a los concejales del PP, Ciudadanos y PSOE no les han dolido prendas para conceder licencias relacionadas con el proyecto del outlet. En este caso, por lo visto y pese a la sentencia anulatoria, la seguridad jurídica no debía verse afectada. Y tampoco le han dolido prendas al Gobierno del Sr. Lambán a la hora de conceder licencias comerciales tras la sentencia que tira por tierra el Plan Especial.

Tal vez el doble rasero tenga que ver con los intereres que se hallan detrás. Pero en todo caso desde la FABZ defenderemos que el rasero del interés general no quede una vez más arrinconado.