Juan Carlos Crespo, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA)

Estos días en los barrios de San José, Torrero y Las Fuentes estamos recibiendo una carta de la Directora del Instituto Aragonés del Agua avanzado que próximamente facturarán el Impuesto sobre la Contaminación de la Aguas (ICA). En cifras redondas 40 euros por vivienda y año, que progresivamente se extenderá a toda Zaragoza.

Conviene recordar ciertos hechos para comprender por qué el Gobierno de Aragón nos  gira este nuevo “impuesto”.

En 1993 el alcalde García Triviño inaugura la depuradora de La Cartuja, construida y gestionada por la multinacional francesa Générale des Eaux, donde el muñidor Didac Fábregas, que aparece en los papeles de Panamá, cobra un papel más que relevante. Una infraestructura de 22.000 millones de pesetas que aún está pagando el Ayuntamiento, sin ayuda externa alguna, con un sobrecoste auditado del 30%. Posteriormente la sociedad pública municipal Ecociudad Zaragoza gestiona y cobra el canon de saneamiento y depuración por la producción de aguas residuales, evidenciado a través del consumo.

Una década después el Consejero regionalista de Medio Ambiente, Alfredo Boné, definía su Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración como “la mayor inversión ambiental jamás realizada en Aragón y una de las más ambiciosas de toda Europa, todo un revulsivo para el futuro de la economía aragonesa, ya que el gasto de 1.062 millones de euros tendrá un impacto directo de 620 millones en el territorio y creará 18.691 empleos en los próximos 20 años”.

De modo más prosaico, un reciente informe de la Cámara de Cuentas cifra la construcción de infraestructuras del Plan entre 1998-2025 en 505 millones de euros, con unos gastos de gestión y explotación de 693 millones para el mismo período. El informe cuestiona la sobredimensión del Plan, apuntando literalmente que “los déficits no se podrán cubrir si no se incorporan al sistema los ingresos de los contribuyentes del municipio de Zaragoza”. En blanco y en botella: gravando a los zaragozanos y zaragozanas con el ICA, pese a haberse costeado su propia depuradora.

Tal vez por ello, a finales de 2012, Fernando Gimeno, entonces Vicealcalde de Zaragoza y actual Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, calificaba como “expolio” el cobro a la ciudad de Zaragoza del canon de saneamiento en 2013.

Como expolio puede calificarse que la Administración Autonómica facture un impuesto sin instalar depuradoras en el Pirineo, aún recibiendo fondos “finalistas” en cumplimiento de  la Directiva Comunitaria 2000/60/CE. O que la Confederación Hidrográfica del Ebro (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) instruya expedientes sancionadores contra una veintena de ayuntamientos del Pirineo aragonés por verter sus aguas residuales sin depurar, cuando el propio Ministerio es competente en la construcción y financiación de las depuradoras.

De aquellos polvos de los señores Triviño y Boné, estos lodos; lodos como el pago del ICA, pueblos aragoneses sin depuración y, donde la hay, con costes exorbitados Pero, también, lodos que tienen fácil tratamiento: la derogación por nuestros representantes electos  en las Cortes de Aragón de las normas que amparan el ICA; y la aplicación, por parte de la DGA de políticas medioambientales eficientes y sostenibles.

Quien contamina debe pagar, como deberían pagar los malos gestores y sus “entornos”. Pero por el momento del cobro que anuncia la Directora del Instituto Aragonés del Agua solo seremos paganos los vecinos y vecinas de Zaragoza, como ya lo han sido otra parte de la ciudadanía de nuestra Comunidad. Reflexionen.

ILUSTRACIÓN: CHEFO