Artículo de opinión de Aurelio Martín, médico jubilado, miembro de la Comisión de Salud de la FABZ, sobre los cambios en los últimos años en la relación entre médicos, clientes y administración.
Estamos en estos momentos los ciudadanos anulados. Los sindicatos médicos corporativos abarcan a todos los médicos según la prensa. Todos somos pacientes para la administración. Y nos preguntamos ¿quiénes son los ciudadanos? Tienen más o menos salud y en un momento dado son pacientes pero siempre son ciudadanía. Esta ciudadanía tiene derecho al acceso a una atención sanitaria pública. Una persona debe poder siempre participar de la sociedad en la que vive.
Administración, personas usuarias y personal sanitario son los 3 actores principales. ¿Qué ha cambiado en ellos? La administración es responsable de tener una buena organización general y una gestión eficiente de los recursos, incluidos los humanos, actualmente deficitarios, para mejorar el funcionamiento de la sanidad y reducir las listas de espera entre otras cosas. La saturación de las consultas depende de muchos factores, y la ciudadanía, incluidos los profesionales sanitarios lo tienen que comprender. La población, con independencia de la valoración del personal sanitario, se puede sentir mal o regular, y la Atención Primaria, puerta de entrada y filtro de acceso al sistema sanitario, está llamada a resolver sus problemas, los graves y los menos graves.
Para que la Atención Primaria, que ha demostrado dar a todo el sistema sanitario solidez y calidad, perviva, y que su propia gestión no la aboque al fracaso, habrá de mantener en la práctica las señas de identidad que la vieron nacer: filtro de atención, longitudinalidad, (acceder al profesional de referencia que lleva y conoce el curso de salud-enfermedad a lo largo de su vida), integralidad (ver al paciente globalmente, e intentar diagnosticar, tratar y solucionar los problemas con todos los medios posibles a su alcance), accesibilidad a los centros sanitarios y coordinación con otros niveles sanitarios.
Y en eso estamos. Vemos la ciudadanía como quieren destruir la Atención Primaria con la gestión a la carta dictada por el sindicato médico corporativo CEMS fragmentándola con pérdida de la accesibilidad, longitudinalidad, con medidas que empeoran la calidad de la asistencia, sobrecargan todavía más al sistema sanitario y alejan de la sanidad pública a la ciudadanía.
La propuesta lógica, cuando perdemos recursos humanos en la Atención Primaria es la implantación de la jornada deslizante en los centros de salud hasta las ocho de la tarde los días laborales y los sábados hasta las 14 horas, lo que supone que un día a la semana una parte del equipo haga su trabajo por la tarde, facilitando a las personas trabajadoras en turno de mañana poder acudir a su médico,
A la jornada deslizante habría que añadir el pase del personal de Atención Continuada a los equipos de Atención Primaria. Vemos como las plazas de Atención Continuada no se cubren. Con estas medidas se aumentan los recursos humanos en los centros de Atención Primaria y aumenta la satisfacción profesional y de la población. Se ganaría espacio por la mañana, para paliar el insuficiente número de consultas en Centros de Salud muy presionados.
La agenda de visitas en consulta no debe tener huecos establecidos para indemorables, urgentes y telefónicas. Ello crea desorganización y posible pérdida de visitas. El número máximo debe ser de 35 para consulta aparte estarían los domicilios a demanda y los domicilios programados.
Queremos que las consultas por motivos de problemas de salud sean siempre presenciales. Es fundamental la visión, la valoración y la exploración de las personas en consulta. Y que la consulta telefónica se destine solo para motivos burocráticos y esté fuera de la agenda de consulta con un horario y tiempo determinados.
La renovación de las recetas no es un motivo burocrático Es responsabilidad médica el renovar la medicación crónica. Para ello debe haber una alarma informática previa al mes de la caducidad de la receta y será el/la profesional la que active la renovación sin necesidad de llamar ni citar a la persona. Es claro que deberá valorar la medicación y la adherencia junto a la enfermera. El resultado de un análisis tampoco es apropiado para una consulta burocrática. En ella se analizan diferentes aspectos que tienen que ver con su estado de salud en su conjunto. Son consultas burocráticas las que tienen que ver con datos administrativos, la petición de informes, los certificados, etc.
Actualmente la citación a consulta la da personal administrativo según sea la llamada, y no es valorada por personal sanitario. Queremos que sean citadas todas las personas y que las que se valoren como urgentes sean citadas a lo largo del día, haya o no hueco en la agenda. El equipo de Atención Primaria tiene que organizarse para la debida atención a la urgencia en el centro de salud. La urgencia domiciliaria la tendrá que valorar y atender, si se precisa, el servicio del 061.
Creemos imprescindible favorecer la labor de enfermería comunitaria en sus aspectos asistencial, preventivo y de promoción de la salud. La atención a la salud mental debe ser comunitaria. La potenciación de la psicología y enfermería especializada en salud mental es fundamental para la salud mental de la población, Habría que valorar la creación de plazas de psicología en todos los centros de salud. La salud mental en los centros de salud debe depender funcionalmente de la Gerencia de la Atención Primaria debido a la implantación en el territorio y su vinculación con el entorno y la población.
Otro tema importante, que vemos en muchas ocasiones, es la falta de buena coordinación entre la Atención Primaria y la Atención especializada del segundo nivel, a pesar de los avances tecnológicos. No hay un espacio de tiempo delimitado para comunicarse entre ellos y lo dejan todo a las hojas de interconsultas. Debería crearse ese espacio de tiempo determinado para poder comunicarse.
Estas son medidas lógicas, y creemos satisfactorias para la ciudadanía. Pedimos sean atendidas.
Fdo.: Aurelio Martín Ruiz, miembro de la Comisión de Salud FABZ y de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de Aragón ADSPA
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