Alarma en la Red del Agua Pública de Aragón ante el proyecto de la Diputación de Teruel de privatizar el agua en toda la provincia
Red del Agua Pública de Aragón
Según informa el Diario de Teruel, en el reciente pleno extraordinario de la Diputación Provincial de Teruel, se acordó elaborar “un convenio marco para encomendar la gestión conjunta de todos los servicios relacionados con el abastecimiento de agua potable domiciliaria… que la llevará a cabo una misma empresa en los diferentes pueblos…”. Dicho anuncio supone, en otras palabras, un asalto a la autonomía local para privatizar a nivel provincial la gestión del agua de boca. Así la gestión dejaría de ser un servicio público, que los Ayuntamientos deben brindar a sus vecinos desde la lógica del interés general, para pasar a ser un negocio privado.
La DGA, en su momento, hizo lo propio con el saneamiento y hoy sufrimos las consecuencias: servicios privatizados que pagamos al precio más caro de España a través del injusto, abusivo y oscuro ICA.
La Diputación Provincial sabe que la competencia en materia de servicios de agua y saneamiento es municipal y que por tanto, semejante proceso de privatización del agua debería contar previamente con las correspondientes cesiones de competencias en esta materia por parte de cada Ayuntamiento.
Por otro lado, resulta ofensivo e insultante, tanto para las alcaldías y corporaciones municipales de Teruel, como para los funcionarios públicos encargados de gestionar estos servicios, afirmar que el objetivo de esta operación de privatización del agua se centra en que “los municipios puedan cumplir la normativa” y brindar “un buen servicio…”; afirmaciones que presuponen la incapacidad de alcaldes, concejales y funcionarios para cumplir la normativa y brindar un buen servicio.
Debería advertir la Diputación de Teruel que los servicios de abastecimiento que han sido privatizados hasta la fecha en la provincia, como ocurre en Alcañiz, no sólo son los más caros, sino que están lejos de ser ejemplares.
Por todo ello elevamos nuestra protesta contra este acuerdo de la DPT, al tiempo que lanzamos una señal de alarma, no sólo en Teruel sino en el conjunto de Aragón, en vísperas de las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. El agua no debe privatizarse sino gestionarse como un bien público desde la lógica del interés general y no del mercado. Los servicios de agua y saneamiento, tal y como establece Naciones Unidas, deben garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano y no como un negocio.
Exigimos que todas las formaciones políticas y candidaturas, tanto municipales como autonómicas y europeas, expliciten su posición a este respecto antes de las elecciones, al tiempo que llamamos a toda la ciudadanía aragonesa a estar atenta a este tema y votar en consecuencia.
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