Muchas personas de Zaragoza han retrasado el pago del ICA como medida de presión ante el Gobierno de Aragón por incumplir sus compromisos

La carta de apremio que manda la Agencia Estatal de Administración Tributaria da “una segunda oportunidad” a quienes no han pagado el recibo dentro del periodo voluntario, incentivándola con una reducción del recargo previsto:

– Se da la opción de pagar el recibo con un 10% de recargo dentro de un nuevo plazo. Para quien decida pagarlo, termina el proceso.

– Si no se paga dentro de ese plazo, el recargo aplicable será del 20% y se devengarán también intereses de demora desde el día siguiente a la fecha de finalización del periodo voluntario. Se iniciarán los trámites para embargar la cantidad debida (importe inicial + 20% de recargo + intereses de demora).

EJEMPLO: Para un recibo de 20,92€, el coste máximo del recargo son 4,18€ (el 20%) y los intereses de demora serían unos 0,79€

– La cantidad debida (sólo la cantidad debida) se podrá embargar de las devoluciones de IRPF (lo que puede retrasar la devolución) o de la Cuenta Corriente.

– Las personas beneficiarias de alguna subvención o ayuda social deben considerar que el impago del ICA puede conllevar su bloqueo.

– Si un contribuyente que no ha pagado en periodo voluntario cambia de opinión puede dirigirse en cualquier momento a la Oficina de Gestión del ICA y solicitar que le emitan una carta de pago para saldar la deuda.

RAPA QUIERE DENUNCIAR QUE ESTA SITUACIÓN HA SIDO PROVOCADA POR EL DESPRECIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN A LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS DE ESTOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, A LOS 90.000 IMPAGOS ANUALES Y A LOS MÁS DE 50.000 RECURSOS Y RECLAMACIONES. LA INSENSIBILIDAD Y LENTITUD DE LA DGA EN CUMPLIR LAS REFORMAS COMPROMETIDAS SON LOS ÚNICOS CAUSANTES DE LOS PERJUICIOS QUE PUEDAN SUFRIR QUIENES HAN OPTADO POR EL RETRASO DEL PAGO DEL ICA

Aunque la decisión de pagar o no el recibo es totalmente personal, desde RAPA consideramos que seguir manteniendo el retraso en el pago es una medida de presión efectiva con un perjuicio razonable que permite continuar con la acción ciudadana contra el ICA, mediante acciones colectivas de los contribuyentes.

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