Que todos los aragoneses paguen lo mismo por el ICA

Mariano Merida, Red del Agua Pública de Aragón RAPA

Los señores Lambán, Gimeno y Olona han entendido muy poco de la propuesta de la RAPA que, como el resto de grupos parlamentarios en las Cortes Aragonesas, conocen desde hace más de tres meses y que les hemos vuelto a recordar en entrevistas tenidas la semana pasada. Repasamos brevemente los orígenes de la propuesta y las soluciones que ofrecemos.

En el año 2001, el 72% de la población aragonesa tenía ya resuelta la depuración con 43 depuradoras en las principales poblaciones. Zaragoza lo hacía pagando el coste de unas depuradoras que, en el caso de La Cartuja, tuvo un diseño sumamente caro, hoy está practicamente ineficiente, según una auditoría del 2015, y necesita de una total reconstrucción.

En el resto de las poblaciones las depuradoras se hicieron con la ayuda de fondos europeos. Con excepción de Zaragoza, la diferencia entre lo que se ingresa y lo que cuesta el mantenimiento esas 41 depuradoras, nos deja un superávit de 15 millones de euros anuales. Así por ejemplo Jaca, Huesca y Teruel capital ingresan en la caja común entre seis y cuatro veces más que los costes que supone el mantenimiento de su depuración. Eso sí, con unos ingresos por depuración fijados por el Instituto Aragonés del Agua, que son los más caros de España.

La situación de insostenibilidad del proceso viene a partir del 2004 con la construcción de 131 depuradoras, por el llamado modelo concesional a empresas privadas, para el resto de poblaciones de más de 2000 habitantes. La diferencia entre los ingresos y costes que estas tienen al año suponen unos 26 millones de euros, pero en este caso de déficit anual. En 20 años de explotación supondrán más de 500 millones de deuda que engrosarán los beneficios de empresas privadas y entidades financieras.

La diferencia de los 11 millones de déficit anuales en las cuentas generales de depuración es lo que RAPA defiende que tienen que ir a los presupuestos generales de la Comunidad Aragonesa, ya que se han generado de forma suntuaria por un mal diseño de las depuradoras y, en consecuencia, los aragoneses no deben ser obligados a pagarlos en sus recibos del ICA.

A ello, habría que sumar anualmente, el esfuerzo inversor del resto de infraestructuras de depuración que son necesarias en el Pirineo y en las 450 poblaciones pequeñas del territorio. En el primer caso,  tambien defendemos que esas obras se hagan con los presupuestos generales de la Comunidad, porque debieran haberse construido con los 142 millones de ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y, como bien señalaba en días pasados el presidente de la Cámara de Cuentas, se desviaron a otros usos. Entre ellos, 28 millones de euros a plantas de transformación de purines que en la actualidad están abandonadas.

Ante esta situación, RAPA plantea que el esfuerzo recaudatorio que tienen que hacer los aragoneses se reparta en una tasa municipal, en el caso de Zaragoza, y una tasa autonómica para los que tienen cedidas sus competencias al Instituto Aragonés del Agua. Todos los aragoneses pagarían lo mismo, que nosotros estimamos en 0,92 euros el m³ cúbico depurado, que es la media de depuración en España. La diferencia entre la tasa pagada y el 0,92 euros sería el impuesto autonómico a pagar por cada población aragonesa. Las poblaciones que no tienen depuración solo pagarian el impuesto autonómico, que en su caso valoramos en 0,10 euros por m³ depurado.

Ello supone bajar la cuota del 1,1, que es lo que se paga de media en Aragón por la depuración, a 0,92 euros. Un 16,4 % menos para todos los aragoneses que en este momento depuran sus aguas. La RAPA, por razones de corresponsabilidad, no defendemos ni prebendas ni diferencias de los zaragozanos con el resto de Aragón. De aquí que la última propuesta del Gobierno de Aragón de subvencionar los costes del ICA a los zaragozanos en un 10%, la desechamos por injusta con el resto de Aragón y claramente insuficiente.

En nuestro planteamiento, los sujetos pasivos serían los Ayuntamientos. En vez de 700.000 abonados habría solo 731, tantos como Ayuntamientos aragoneses y tal como lo hacen la totalidad de las comunidades autónomas en el resto de España. Con ello, los 1,4 millones que pagamos anualmente a una entidad privada por el cobro de recibos se aportarían a los Ayuntamientos por pago a las cargas administrativas del cobro de estos, consiguiendo así unas administraciones más próximas y eficientes. Para el caso de altas y bajas o errores en los recibos, un aragonés no tiene que dirigirse a la Avda de Ranillas de Zaragoza, sede del IAA. Y lo que es más importante, recuperamos la competencia municipal de la gestión del agua en los municipios que nunca se debiera haber perdido. Otra cuestión, es que en los pequeños municipios haya que ayudarles a nivel supramunicipal en todo lo concerniente a la gestión del agua. El IAA, Diputaciones Provinciales y Comarcas tienen un gran papel que cumplir.

Desde la RAPA, hemos iniciado una nueva tanda de asambleas por diferentes poblaciones de Aragón y barrios de la capital para los dos próximos meses. A ellas, queremos llevar las diferentes alternativas que los grupos parlamentarios   nos han prometido que concretaran esta próxima semana  y la propia posición de la RAPA. Somos los primeros interesados en dar una pronta respuesta a los 37.000 recursos recogidos, a los que hay que añadir los del IAA y los más de cien mil impagos registrados hasta la fecha. No podemos entrar en el pr&oacut
e;ximo cobro de los recibos del 2017 sin que haya una justa solución.

Por último, señalar que el buen estado de los ríos no solo depende del esfuerzo depurador que podamos llevar a nivel doméstico. En la revisión del nuevo Plan de Saneamiento habrá que que contemplar,en especial, el efecto contaminante de la grandes explotaciones agroganaderas para que contribuyan económicamente en su justos términos.