Los barrios rurales solicitan del Gobierno de la Ciudad y del resto de los grupos municipales que les garanticen el mismo tratamiento y los mismos derechos que al resto de los barrios de la ciudad

Félix Moreno Martínez, Asociación Vecinal de La Cartuja – José Luis Almenara, Asociación Vecinal de Casetas

A la ciudad de Zaragoza pertenecen hasta 14 barrios, denominados rurales, por su origen agrario, situados en la periferia del término municipal. En ellos viven unos 30.000 habitantes, desde los 7.000 de Casetas a las pocas decenas de Torrecilla o Alfocea. Cada uno de ellos está regido por una Junta Vecinal, a la cabeza de la cual se encuentra un representante del alcalde de Zaragoza, con el nombre tradicional de Alcalde de Barrio, figuras equivalentes a las Juntas de Distrito y Presidentes de los barrios urbanos. Es cierto que existe una singularidad importante en los barrios rurales puesto que los alcaldes y vocales son elegidos por toda la ciudadanía, al contrario que en los barrios urbanos, que los eligen los partidos políticos en proporción al resultado de las elecciones municipales.

Con estos antecedentes queremos precisar que los barrios rurales de Zaragoza se rigen por normas semejantes a las que rigen los Distritos Urbanos, excepto algunos avances democratizadores conseguidos en los últimos años como consecuencia de ser núcleos de población de reducida dimensión, alejados del núcleo urbano principal y con costumbres sociales semejantes a los pueblos de la provincia.

Por ello es difícilmente entendible que el año pasado las personas de la ciudad de Zaragoza que viven en los barrios urbanos pudieran decidir a través del sistema de presupuestos participativos una cantidad muy importante a invertir en su barrio y, por el contrario, las personas que viven en los barrios rurales no pudieran hacer algo semejante. No encontramos ninguna explicación para ello que no suponga una vulneración del principio de igualdad de todos los vecinos y vecinas, vivan donde vivan, y del principio de unidad de gobierno que debe regir la actuación municipal.

Ante las demandas de las asociaciones vecinales, el Gobierno de la Ciudad acordó para el ejercicio 2018-2019 incluir a los barrios rurales en el procedimiento de presupuestos participativos para decidir el destino de un millón de euros para inversiones, tal y como lo ha hecho con 7 millones para los barrios urbanos, y 2 millones para proyectos de ciudad. La peculiaridad, de nuevo, es que mientras en los barrios urbanos y en la ciudad nadie ha puesto en cuestión el procedimiento, en los barrios rurales se discute la legitimidad del gobierno de la ciudad para implantarlos.

Que los alcaldes y vocales de los barrios rurales sean elegidos democráticamente no implica que las personas no tengan legitimidad para decidir sobre las inversiones que se realizan. También el alcalde y concejales de Zaragoza son elegidos democráticamente y, sin embargo, nadie considera ilegítimo que los vecinos y vecinas puedan decidir sobre las inversiones de su barrio. No puede ser que los avances democratizadores conseguidos en los barrios rurales en la elección de su alcalde y vocales sirvan ahora, en una especie de efecto boomerang, para excluir lo que sin duda es un nuevo avance en democracia directa.

Los barrios rurales solicitan del Gobierno de la Ciudad y del resto de los grupos municipales que les garanticen el mismo tratamiento y los mismos derechos que al resto de los barrios de la ciudad. Pedimos a todos los alcaldes de los barrios que no consientan que sus vecinos sean menos que los vecinos de los barrios urbanos. Este año, además, si no fuera así se produciría la enorme contradicción de que las personas que viven en los barrios rurales podrían elegir los proyectos de ciudad y no podrían elegir los proyectos de su barrio.

En definitiva, lo importante es que ese millón de euros acabe invirtiéndose en las demandas más solicitadas y más necesarias. Seguro que así la combinación de la democracia representativa y la práctica de la democracia directa que suponen los presupuestos participativos acabarán generando inversiones más eficientes. Y de paso una ciudadanía más comprometida y más identificada con sus instituciones.

Artículo publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 25-3-2018