Organizaciones sociales denuncian la CORRUPCIÓN AMBIENTAL del gobierno Rajoy con los lobbies empresariales de la telefonía y las eléctricas en detrimento de la Salud Pública y el Principio de Precaución.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y la asociación Electro y Química por el Derecho a la Salud (EQSDS), han publicado el siguiente comunicado con motivo del Día Internacional contra la contaminación electromagnética:

La Administración del PP, a través del Mº de Energía, Turismo y Agenda Digital, presentó en abril un informe del llamado Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), auspiciado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), con gran difusión en los medios, que ningunea los miles de estudios científicos que constatan los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud y las recomendaciones institucionales proteccionistas.

Desde el ámbito social (vecinal, ecologista, de consumidores, de la salud, de personas afectadas, de madres y padres…), la PECCEM y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud, reclaman prudencia y rigor a los agentes sociales y medios de comunicación en la difusión de un informe sesgado sin consenso internacional y con notables y constatables incongruencias:

1.- La apuesta del Gobierno del PP a través del Ministerio de Energía por el CCARS, comité dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), es una apuesta por una organización opaca privada, sesgada por un criterio lobista empresarial, sin el más mínimo control ético ni de legalidad democrática.

El COIT, editor del informe del CCARS, no tiene como objetivo estatutario la defensa de la salud, sino sus intereses gremiales y, por extensión, de los lobbies empresariales relacionados.

El CCARS NO figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por la Ley, ni cumple con requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.

El Ministerio de Energía, invade las competencias de coordinación en prevención y protección ambiental del Ministerio de Sanidad (y de las CC. Autónomas), sobre el “impacto potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”, como la aplicación del Principio de Precaución, que contempla limitar o prohibir una actividad “cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo”.

2.- El informe del CCARS niega y banaliza miles de estudios científicos, revisados entre pares, acreditados en esta materia, desdeñando las llamadas al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y mostrando una urgencia desmesurada por zanjar un tema que sigue acumulando nuevas evidencias científicas. La desinformación del informe del CCARS impulsado por el COIT, manifiesta el conflicto de interés a favor de intereses industriales cortoplacistas, que allanan el despliegue de redes 5G y la expansión desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de opciones tecnológicas biocompatibles a partir del CABLE y el LIFI.

 Asociaciones que representan a miles de médicos y más de 17 agencias gubernamentales de salud apoyan la reducción de la exposición a la radiación inalámbrica del teléfono móvil. Diferentes países europeos ya aplican alguna de las medidas proteccionistas solicitadas por la Resolución 1815 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, como prohibir las redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles (Francia, Chipre, y municipios como Hospitalet de Llobregat), o implantar sistemas de comunicación con luz visible, LIFI, como la instalada en el Hospital francés de Perpiñán.

La PECCEM y EQSDS requieren al Gobierno central y sus ministerios implicados que dejen de avalar actos y organizaciones de interés de parte, que vulneran ética y legalidad, y dar comienzo a un proceso participativo de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y salud.

(La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) se compone de Confederaciones y federaciones de asociaciones vecinales (como CEAV, FRAVM, CAVA,…), colectivos ecologistas y ambientalistas (como los más de 300 grupos que componen la confederación de Ecologistas en Acción u organizaciones de implantación local como la APDR), asociaciones de padres y madres, de consumidores (como FACUA de Castilla y León), de personas afectadas de síndromes de sensibilización central como la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple (como EQSDS y SOS EHS-EASC) y de colectivos y asociaciones, en general, preocupadas por los efectos para la salud de la creciente contaminación electromagnética, como la asociación pionera AVAATE)