Nuevo varapalo a la protección del patrimonio cultural de Zaragoza. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha avalado la declaración del 32% de la factoría Averly como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés realizada en su día por el Goberno de Aragón. Rechaza así el recurso de de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), que pedía que todo el complejo se catalogara como Bien de Interés Cultural (BIC). En un comunicado, la asociación ya ha anunciado que recurrirá.
La FABZ se ha pronunciado en numerosas ocasiones por la protección total de este complejo industrial de gran valor patrimonial y su reconversión en un centro cultural y social para disfrute del barrio de Delicias y del conjunto de la ciudad.
Por contra, el TSJA ha considerado que la declaración del 32% de la factoría Averly como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés es una decisión que está «debidamente justificada».
La decisión judicial rechaza las pretensiones de Apudepa y dificulta los planes del Gobierno municipal de ZeC, que pretende una rehabilitación para todo el complejo como centro cultural.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA considera que lo actuado por la Administración demandada (DGA) en el legítimo ejercicio de las potestades que tiene legalmente conferidas, es «correcto» y que la decisión adoptada en su día está «debidamente justificada, sin que sea de apreciar arbitrariedad, irracionalidad o error, ni que haya actuado con otra finalidad que la de la protección del patrimonio cultural de Aragón».
Decisión previsible
Apudepa ha explicado en un comunicado que no tenían «ninguna duda» de que el TSJA desestimaría el recurso «toda vez que había permitido su derribo en julio de este año». «Con Averly parcialmente demolido era de todo punto imposible que el Tribunal asumiese que debería haberse conservado un bien que se derribó con su anuencia», han añadido.
Apudepa ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo y lamentan que, con esta sentencia, el TSJA sea «menos sensible al patrimonio cultural que los tribunales de otras comunidades que se han enfrentado a casos como el presente o mucho menos claros».
En ese sentido, la doctrina del tribunal expuesta en la sentencia es, a juicio de Apudepa, «peligrosísima para la conservación del patrimonio cultural», pues de ella viene a resultar, según su lectura, «que la Administración puede actuar en la práctica sin someterse a principios de racionalidad, toda vez que sus informes quedan blindados y son irrebatibles».
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