Resulta paradójico y cruel, que en un tiempo donde la evolución tecnológica nos desborda y, donde realidades como: “Big-date” e  inteligencia artificial, que se enarbolan en los medios de comunicación para reflejar el nivel tecnológico que la humanidad ha conseguido; los cuales deberían repercutir en el bienestar de los ciudadanos, sólo reviertan en el bienestar financiero de grandes compañías y bancos.

Esta introducción está relacionada con el trágico final sufrido por una anciana, la semana pasada en Reus. Rosa murió abrasada al incendiarse su vivienda por efecto de una vela que utilizaba para alumbrarse; ya que la compañía suministradora de energía eléctrica,-una de tantas, a la que voy a obviar – le cortó el suministro por falta de pago.  

El procedimiento administrativo más frecuente que utilizan las compañías de suministro de energía cuando se produce un impago, es comunicar por escrito al cliente dicha incidencia y, sin en el de dos meses, no se abona el importe debido, proceden al corte del suministro, sin más explicaciones.

Como es sabido, en un diálogo deben  interrelacionarse los elementos siguientes: un emisor, – en éste caso la compañía de energía-; un medio de transmisión del mensaje: notificación escrita, correo electrónico, llamada telefónica u otros; y un receptor- el cliente-, además, el circuito de comunicación ha de tener una realimentación para asegurar de que el mensaje ha llegado y se ha entendido correctamente. Este proceso, a primera vista tan simple, está implantado en todos los medios de comunicación que utilizamos a diario, pero se ve que para algunas compañías de suministro el sistema no está lo suficientemente optimizado, con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Lo malo es que existen otras consecuencias que no son visibles porque no generan humo y, que también matan; que se pueden generar en procesos gripales y por falta de una higiene personal correcta; derivadas de no poder utilizar los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.

En la actualidad existen grandes servidores de gestión, utilizados por éstas compañías, organismos oficiales y banca, que podrían estar interconectados para evitar que éste tipo de tragedias sucedan. Si se utilizan  para realizar estudios de mercado y otros fines que rozan la
ilegalidad, ¿por qué no pueden interconectarse para evitar tragedias? Es cuestión de crear  un protocolo específico con sus correspondientes filtros de seguridad, para conocer  las causas de dicho impago y retardar la ejecución a ciegas.

Por otra parte se debería exigir a todas las compañías de energía,-con la implicación del Gobierno- la puesta en servicio de una tarifa especial para personas mayores o jubilados, que dependen de una pensión; de forma que las repercusiones del incremento de la energía estuviera controlada y relacionada con la capacidad financiera y del importe de la pensión; para evitar  los vaivenes de los mercados de la energía, que están condicionados por intereses financieros y geopolíticos. Por término medio una vivienda con bajo nivel de electrificación  necesita un gasto anual de 1.200 €; para una pensión mínima de 636 € esto supone el 16% mensual de la misma. 

La variación media del coste €/KW-h en el periodo comprendido entre 2011 al 2015 fue oficialmente del 10,05%. La revalorización de las pensiones en dicho periodo ha estado muy por debajo de dicha cifra, no llegando al 1%.

La pobreza energética, es una trágica realidad, que lejos de estabilizarse o disminuir, va a continuar incrementándose cada año, con la incorporación de personas mayores con  recursos y  pensiones más bajas, debido al efecto reflejado por la crisis
Urge una acción unificada y nacional orientada a corregir el problema, que no puede estar a expensas de la caridad política del momento. Ha de ser declarado como un derecho fundamental, que les corresponde a las personas que han aportado durante muchos años su esfuerzo en pro de la prosperidad y evolución de la sociedad.

La respuesta a éstas demandas, no deberían estar supeditadas únicamente a los intereses económicos de las grandes compañías que controlan y gestionan la energía, cuyos objetivos financieros, no tienen nada de social, y que perjudican, de manera trágica,  a los consumidores vulnerables.  
Se requiere un tratamiento y seguimiento  social, como tal, que exige la implicación de los partidos políticos y de toda la sociedad en su conjunto.

Comisión de Mayores FABZ.