Profusamente los medios de comunicación recogen en los últimos días el proceso de municipalización del servicio de atención telefónica, popularmente conocido como 010; aquel que usamos, de modo gratuito, cuando queremos resolver una duda sobre  cualquier aspecto de nuestra administración más próxima. Los medios se hacen eco de un informe del interventor del Ayuntamiento de Zaragoza que ha dado pie a titulares como: “El Interventor rechaza la municipalización del 010”.

Movido por la curiosidad he indagado un poco más en la letra pequeña de la noticia, aquella que en ocasiones se oculta tras impactantes encabezamientos.

Por lo visto y leído el pasado día 4 de enero se celebra una reunión de la Comisión de Servicios Públicos y Personal en la que el Consejero Alberto Cubero explica las partidas de su área en el futuro presupuesto de 2017, superando los 300 millones de euros al comprender, entre otros, los gastos de personal, limpieza, parques y jardines o servicio de incendios. En dicho debate se cuela el informe del Interventor de 23 de diciembre de 2016 según el cual, y en relación al servicio del 010, detecta irregularidades legales subsanables en la propuesta de Presupuestos y Plantilla de Personal. En cifras redondas hablaríamos de 300.000 euros frente a 300 millones del área.

Indagando un poco más concluyo que existen otros informes municipales que contradicen el de la Intervención, y que este no es vinculante si cuenta el presupuesto con el apoyo de 16 concejales.

En ese momento me viene a la cabeza otra noticia también de los últimos días, relacionada con informes, dictámenes y resoluciones: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce la retroactividad total en las cláusulas suelo desde la firma de los préstamos hipotecarios tirando por tierra la sentencia del Tribunal Supremo del Reino de España.

Nadie en su sano juicio pone en duda la rigurosidad y profesionalidad de magistrados e interventores. Pero la realidad enseña que en ocasiones nos escudamos en aspectos formales para encubrir el fondo. Y el fondo, en este caso, no es otro que un impacto de más de 4.000 millones de euros en los bancos españoles por clausulas abusivas y que en el peor de los casos deberemos soportar toda la ciudadanía. O el proceso de municipalización o rescate de servicios por parte del Ayuntamiento, que en un futuro pueden representar sumas más que considerables.

Más allá de “señores” que se encuentran con otros “señores” por plazas con sesudos informes colgando de la manga, por cierto nunca he tenido tal suerte, o rasgamiento de finas vestiduras en aras a “la transparencia y al viaje en común” las ramas no deben ocultarnos el bosque. Un bosque, el del Sr. Cubero y de otros muchos, donde los servicios municipales y el gasto que acarrean pasen de manos privadas a públicas, a manos de todos los zaragozanos con sus representantes democráticamente elegidos al frente.

Así lo entiende el alcalde socialista de Huesca y su equipo de gobierno de progreso al iniciar el camino de la remunicipalización de la limpieza viaria y de edificios junto al servicio de ayuda a domicilio. O la Asociación de Vecinos de San José cuando su Asamblea General aprueba por unanimidad la remunicipalización de servicios.  Así de simple.

Zaragoza, enero de 2017

Ignacio Lasmarías,

Presidente de la AVV de San José