Comunicado del Pleno de la FABZ de 27 de octubre de 2020

El PGOU establece los derechos y obligaciones de los propietarios de suelo, sin que esta regulación constituya un fin en sí misma, sino que está al servicio del proyecto urbano.

Algunos consideran el planeamiento como mera norma limitativa de las facultades de los particulares sobre suelo y edificación; de ahí sus intentos por modificarlo para cambiar condiciones a su favor. Esta postura resulta errónea y contraria a la normativa urbanística y a la Constitución, que atribuyen a la colectividad, representada por el ayuntamiento, la capacidad de ordenar los derechos urbanísticos y generarlos, ya que no se les considera incorporados al derecho de propiedad del suelo.

El Plan es el instrumento definidor del modelo territorial y de elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio que permanecerán en el tiempo, pero que está abierto y resulta modificable en aspectos no sustanciales. En ese proceso intervendrán modificaciones puntuales del plan, para las que se establecen diversos supuestos tipificados.

Pero en todo caso los criterios de actuación en suelo público irán orientados a la mejora de la ciudad y la eficacia de los servicios públicos; a rebajar los precios del suelo urbano y a luchar contra la especulación. La modernización de la ciudad, la calidad de vida urbana, la reinversión social de las plusvalías en la ciudad y la eficacia y calidad de las actuaciones deben ser los objetivos de toda política de suelo.

Estas afirmaciones no se corresponden a radicales tesis urbanísticas del movimiento vecinal, sino a la Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza.

Si analizamos las recientes, abundantes y aceleradas modificaciones aisladas promovidas por PP y Ciudadanos (con el apoyo imprescindible de Vox) concluiremos que vulneran los principios contenidos en el propio PGOU.

Algunas han sido retiradas por el propio Gobierno por la previsible contestación ciudadana como en el caso del campo de fútbol de La Romareda y su entorno (Modificación 170) o del Cuartel de Pontoneros (Modificación 178), pero otras han sido aprobadas (Modificaciones 171 y 172 Outlet de Pikolín) o continúan su tramitación (Modificación 175 equipamiento hospitalario privado).

En el supuesto del Area H-61-5  (Pikolín) cabe recordar que el expediente se halla judicializado, con sentencia que declaraba la nulidad del Plan Especial. Pese a ello el equipo de gobierno, junto a Vox y PSOE, han concedido licencias para un macrocentro comercial que en plena pandemia congregaba en su obscena inauguración 17.000 personas  vulnerando los mínimos criterios de prevención en materia de movilidad y distanciamiento ante posibles contagios de Coronavirus. Al mismo tiempo que cada día más y más comercios  de los barrios populares tienen que echar definitivamente sus persianas.

La modificación 175 recalifica suelo verde municipal en suelo privado sanitario para su posterior venta.  Para PP, Ciudadanos y Vox la modificación tiene como finalidad mejorar la red sanitaria de la ciudad de Zaragoza, delimitando una parcela de superficie adecuada y posición idónea para desarrollar un nuevo equipamiento hospitalario de suficiente capacidad y óptima accesibilidad. Una modificación exprés, oscurantista y a la carta en beneficio exclusivo de intereses privado con obras de urbanización a cargo del ayuntamiento y que, previsiblemente, llevará aparejadas más modificaciones urbanísticas que incrementen las plusvalías del promotor. Y por cierto con un única oferta presentada, como muchos vaticinábamos pese a los desmentidos de los señores Azcón y Serrano, de un grupo multinacional alemán en el que resulta práctica habitual comportamientos irregulares.

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el Gobierno del Sr. Azcón ha paralizado por el momento la modificación 178, antiguo cuartel de Pontoneros, ésta responde a los mismos criterios del centro hospitalario: transmitir a la iniciativa privada  suelos municipales, en este caso para construir y gestionar una residencia universitaria a través de un derecho de superficie por 99 años. Claro expolio del patrimonio público promovido por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, nuevamente a la carta, y paradójicamente renunciando a préstamos del Banco Europeo de Inversión para ejecutar en el antiguo cuartel vivienda pública de la que tanto se carece.

Curiosamente la modificación 94, la reordenación de los antiguos depósitos de Cuellar junto al Parque Pignatelli aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales en enero de 2018, se ha visto pervertida dado que el actual Gobierno saca a licitación la venta de suelo por casi 11 millones de euros que engrosarán las arcas del Ayuntamiento, mientras que únicamente compromete poco más de 5 millones en la urbanización de los terrenos, pero sin que se contemple la construcción de 30 viviendas de alquiler municipal, diferentes equipamientos públicos (mayores, infancia…) o la mejora del actual parque tal como queda recogido en la memoria.

Proyecto del nuevo parque Pignatelli

Además estas modificaciones contradicen el Acuerdo por el futuro de Zaragoza, suscrito el pasado 5 de junio por diferentes formaciones políticas, agentes económicos y sociales y el propio movimiento vecinal.

En el apartado introductorio al urbanismo apostaba por un modelo de ciudad en el que se consolidasen los proyectos para la regeneración y la reactivación de nuestros barrios, invirtiendo en obra pública mediante actuaciones sostenibles (medida 271), con planes de regeneración urbana en los barrios populares (medida 273). Y en el apartado de vivienda se concebía la rehabilitación como instrumento estratégico de las administraciones públicas para la reactivación económica, incrementando los fondos que garanticen políticas de protección social para jóvenes y otros colectivos afectados por la crisis del Covid, con especial referencia al Plan 2020-2023 y las fondos del Banco Europeo de Inversión (medida 283).

Por  todo ello desde la FABZ exigimos del Gobierno de la Ciudad y de los diferentes grupos municipales el cumplimiento íntegro del PGOU y que las modificaciones del mismo obedezcan a la utilidad pública y al interés general de la ciudad, y no a meros intereses privados y especulativos. Y que, inmersos en plena crisis económica y social,  en modo alguno se utilice en tiempos de pandemia el argumento del Covid para defender intereses espurios.

Presentación del Acuerdo por el futuro de Zaragoza