El diario ARAINFO.ORG publica hoy un artículo del periodista Oscar F. Civieta sobre las múltiples deficiencias e irregularidades de las residencias de mayores, destacando el seguimiento y las denuncias realizadas por la FABZ de esta situación

El COVID de los mayores: residencias en zona inundable, sin internet o con el alcalde trabajando por falta de personal

Las enormes deficiencias del sistema residencial se han destapado crueles durante esta pandemia. La de Monzalbarba se hizo en terreno inundable, en Utebo no tienen internet y en Movera hay más plantas cerradas que abiertas. Durante el primer estado de alarma, según el Chusticia d’Aragón, hubo descoordinación, improvisación y hasta un alcalde y sus concejales trabajando en un centro por falta de personal

Ha tenido que llegar una pandemia para destapar la miríada de heridas que supuran en el sistema residencial español. El culpable principal es el coronavirus, de eso no hay duda, pero su virulencia podría haber sido atemperada con un engranaje sanitario y residencial que no llevara años siendo víctima de impíos tijeretazos. Afortunadamente, los y las profesionales están muy por encima del sistema que les (mal) paga.

Escarbando sólo un poquito salen a relucir todas las grietas: adjudicaciones por debajo de precio, privatizaciones, inspecciones que erran el foco… Residencias sin acceso a internet, otras con más plantas cerradas que abiertas e incluso alguna construida sobre terreno inundable. Los tres últimos no son invenciones, sino realidades. Las de las residencias de Monzalbarba, Movera y Santa Ana.

Royal Villasalud Monzalbarba: en terreno inundable y sobre suelo no urbanizable

En 2005 se construyó la Residencia Royal Villasalud en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba. Es propiedad de Promociones Sociales Monzalbarba 5 SL y tiene capacidad para 84 residentes.

Tal y como se indica en la página web del estudio de arquitectos que se encargó del proyecto, pau3, “tras varias modificaciones debidas a cambios de promotor, se construyó una residencia geriátrica en suelo no urbanizable”. AraInfo se ha puesto en contacto con pau3, donde apuntan que el arquitecto encargado de aquella obra ya no trabaja en el despacho, y que, por lo tanto, no pueden informar al respecto, pero que están “casi seguros” de que hubo una Declaración de Interés Especial para permitir la construcción.

El terreno donde se erigió el centro residencial es, además, zona inundable. Según el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el lugar donde se levanta la residencia tiene partes con catalogación de peligrosidad media y otras de nivel bajo.

La demostración de que hay un peligro evidente es que, en 2015, 69 residentes fueron desalojados, teóricamente, “por precaución”, aunque en la propia nota de prensa del Gobierno de Aragón se dijo que volverían a su centro cuando “concluyan los trabajos de limpieza del edificio”. En 2019 de nuevo la residencia hubo de evacuarse con carácter preventivo. En ambos casos, las personas usuarias se reubicaron entre residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), centros privados y sus propios domicilios.

Aparte de la clara amenaza que para personas con, en general, problemas de movilidad, supone vivir en un lugar con riesgo de inundaciones, desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se preguntan quién se hace cargo de los gastos derivados de estas evacuaciones, tanto los que dimanan de la reubicación de los residentes como aquellos que tienen que ver con las labores de limpieza y adecuación del espacio. “Lo paga el Gobierno de Aragón”, apuntan, “es decir, con dinero público se paga a una residencia privada”.

… La excusa dada por el Gobierno de Aragón (liderado entonces por Luisa Fernanda Rudi –PP–) fue la necesidad de “llevar a cabo obras para adaptarla a la normativa vigente y la falta de liquidez para hacerlo”. La FABZ envió una queja al Chusticia d’Aragón resaltando que meses antes “la residencia había pasado una inspección técnica que dio su aprobación sin poner ninguna traba”. El motivo real, esgrimían, era “trasvasar recursos-dinero público al sector privado para que unos pocos se coman la tarta y hagan negocio con el patrimonio de todos”.

… Desde el primer momento, la FABZ ha hecho públicas varias quejas referidas, sobre todo, al excesivo precio del servicio de peluquería (9 euros para caballeros y entre 20 y 38 para mujeres), también el de podología (que pasó de 1 a 4 euros), al inexistente servicio de internet, así como a la falta de un Plan de Autoprotección y Emergencias. Además, hacían hincapié en que desde la residencia hasta la estación de cercanías o parada de autobús más cercana había más de un kilómetro, lo que, obviamente, dificultaba sobremanera la movilidad de los usuarios y las usuarias.

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Protesta, en 2015, ante la inminente privatización de la Residencia de Movera