La Federación de Barrios ha intervenido hoy en el Pleno extraordinaro del Ayuntamiento convocado para recalificar una parcela de suelo público, hasta ahora zona verde y deportiva, con el fin de permitir la construcción de un macrohospital privado. Ante la prohibición de asistencia pública, la intervención ha sido leida por el secretario del Ayuntamiento

Alcalde y concejales:

Por segunda vez interviene la FABZ ante el pleno municipal en relación con la Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en el polígono 60. X110. En la anterior al inicio del expediente administrativo. Y en esta ocasión en el momento en que ustedes deben adoptar una decisión trascendente, pero recuerden no por ello definitiva.

En primer lugar nos sorprende la celeridad en la tramitación, máxime en tiempos de pandemia donde la maquinaria de la Administración Pública está ralentizada, una situación que no permite ni la asistencia ciudadana en el día de hoy al salón de plenos.

¿A qué se debe que en poco más de dos meses desde el inicio del expediente éste quiera concluirse? En alguna comparecencia el Consejero de Urbanismo ha argumentado la necesidad de “hacer caja” con la venta de suelo antes de final de año. Pero cabría recordarle que una cosa es el urbanismo y otra las necesidades financieras del Ayuntamiento. Agua y aceite.

¿Y tras un año de gobierno, cual ha sido la celeridad en expedientes urbanísticos que no concitan controversia alguna, generan puestos de trabajo, vivienda y equipamientos de ciudad como el caso del Parque Pignatelli? Ninguna.

¿Podría pensarse que el interés de zanjar el expediente responde a intereses privados y no al interés general? Podría.

Tras la celeridad  sorprende otro aspecto. La modificación del planeamiento por iniciativa municipal para un uso tan específico como el equipamiento sanitario privado. ¿Se imaginan que el uso se hubiese catalogado como de productivo industrial de fabricación de bebidas alcohólicas? Sorprendería lógicamente. Del mismo modo que sorprende el de equipamiento sanitario privado. Salvo que terceros hayan imbuido a nuestros munícipes de las excelencias de un hospital privado para la ciudad de Zaragoza.

Pero también nos surge otra duda al respecto. ¿Y si tras la modificación queda desierto el concurso para la adjudicación de la parcela volveremos a recalificar el suelo como zona verde? Tal vez.

Y más preguntas, vistas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Parece que tres grupos hospitalarios se postulan como posibles adquirentes. Uno alemán, que paga sumas millonarias al Departamento de Justicia de Estados Unidos para no ser procesado judicialmente; otro estadounidense que arrastra una demanda federal por engaño sobre los servicios prestados a sus clientes; y un tercero nacional que comunica al comité de empresa de uno de sus centros hospitalarios el cese de actividad porque las cuantiosas pérdidas económicas hacen completamente insostenible su continuidad. Pues menos mal que el equipo de gobierno ha mantenido conversaciones con grupos tan selectos.

Otra duda. El señor Azcón ha manifestado la importancia de un proyecto de tanto calado, no solo  para la ciudad de Zaragoza sino para la propia Comunidad Autónoma. Y en buena lógica insta al Gobierno de Aragón su declaración de interés autonómico. Por ello nos sorprende que, visto el artículo 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, no se haya sometido el proyecto a la consideración del Consejo de Ciudad. ¿Tal vez porque ese interés sea más acorde al interés privado que al de ciudad? Podría ser.

Más interrogantes que nos asaltan, los jurídicos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que el ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento ha de obedecer a finalidades estrictamente urbanísticas, circunscritas a la consecución de la mejor ordenación posible para la satisfacción del interés general, no hallándose en sí misma vinculada por derechos adquiridos, ni por compromisos anteriores. El Alto Tribunal también declara que las modificaciones del planeamiento pueden ser impugnadas en la medida en que se acredite que las mismas han incurrido en error, en mera arbitrariedad, han abandonado los intereses generales que deben presidir su actuación, supongan una desviación de poder o, en fin, concurra falta de motivación. O que la modificación puntual de una zona verde exige una especial justificación ¿Estamos ante alguno de estos casos? Podría ser.

Cuando por el señor Secretario lea este escrito muchas personas estamos concentradas en las puertas del Ayuntamiento mostrando nuestra oposición a la modificación del PGOU para la construcción de un hospital privado. Porque creemos que la sanidad es un servicio público y universal, no un mero negocio crematístico, como se ha puesto de manifiesto la crisis del coronavirus. Y por ello continuaremos con las movilizaciones sin cerrar ninguna de las vías legales que nos amparan.

Por cierto, no estaría de más preguntarse ¿Qué ocurriría si en un futuro próximo la Justicia declarase nula la modificación del planeamiento que hoy, a buen seguro, van a aprobar?.

Gracias.

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