Por los derechos humanos en la Salud Mental de Aragón
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La Plataforma Salud Mental de Aragón presentó el pasado martes en rueda de prensa celebrada en la sede de la FABZ, su campaña de recogida de firmas, a través de change.org, para la erradicación del uso de contenciones con personas con enfermedad mental, mayores y dependientes.
Además, la Plataforma presentó los estudios que ha realizado sobre la atención de la salud mental en nuestra comunidad autónoma. En concreto, su Valoración de las actuaciones llevadas a cabo en este campo durante la pasada legislatura, y sus propuestas para el actual periodo legislativo, así como el Análisis de los contenidos y cumplimiento del Plan de Salud Mental 2017-21, complementado con el Cronograma de actuaciones que se incluye en dicho Plan.
En la rueda de prensa intervinieron María de los Ángeles Cardiel, Isabel Aina y las psiquiatras Ana Martínez y Carmen Ferrer, que estuvieron apoyadas por representantes de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, y de las Comisiones de Salud y de Mayores de la Federación de Barrios.
Para la Plataforma, tanto el Plan de Salud Mental como las actuaciones realizadas en la pasada legislatura por la Consejería de Salud del Gobierno de Aragón, presentan numerosas insuficiencias que siguen manteniendo la atención a la salud mental en un estado más que precario que roza el respeto de los derechos humanos elementales. En este sentido, señaló Carmen Ferrer, la erradicación de las contenciones mecánicas –el uso de sujeciones y ataduras sobre los pacientes- es la “prueba del algodón” para valorar lo poco que se ha avanzado, a pesar de haberse aprobado una Proposición No de Ley en las Cortes aragonesas sobre dichas contenciones, presentada por el grupo parlamentario de Podemos.
Nada o muy poco se ha hecho. Para empezar, sigue sin realizarse lo que sería el primer y más elemental paso para poder avanzar: un estudio y registro de estas contenciones; cuántas, cómo y dónde se están aplicando, tanto en las instituciones públicas como en las privadas y concertadas, y tanto en los centros propiamente psiquiátricos como en las residencias de mayores.
Se trata en este último caso de uno de los ejemplos más evidentes de la precariedad que sufre la atención a la salud mental. En los últimos años –como señala el documento sobre Valoración de las actuaciones- hemos visto como se descargaban los recursos asistenciales remitiendo a pacientes con Trastorno Mental Grave a residencias de mayores, “reconvertidas en residencias para todo tipo de discapacitados y en las que volvemos a encontrar la vieja heterogeneidad del manicomio”.
Junto a este gravisimo problema, que motiva la campaña de firmas en change.org, los documentos elaborados por la Plataforma ofrecen un pormenorizado estudio de la precaria asistencia a la salud mental en nuestra comunidad. Esta situación tiene su contexto económico y social que también es analizado en los documentos. Entre otras cuestiones, se señala que «la Salud Mental, que tuvo un claro impulso en los años 80 y 90 de la salud mental comunitaria, ha sufrido un importante retroceso debido a los recortes y privatizaciones (sobre todo en unidades de larga estancia y rehabilitación)… La carencia de medios, la dirección incompetente y la gestión orientada a resultados numéricos presentados con apariencia de productividad, está creando efectos devastadores en la calidad asistencial y dañando la motivación e iniciativa profesional”.
Y es preciso destacar que también los sectores sociales más desfavorecidos, como en otros aspectos de la salud, son los más propensos a sufrir sus consecuencias. Así los estudios señalan que «al producirse un importante deterioro de los factores determinantes de riesgo social, se ha detectado un incremento de consumo de fármacos antidepresivos, de adicciones, y mayor riesgo de enfermedad mental en empleos precarios, desempleados y en personas con bajo nivel de estudios (12% de personas sin formación consumen antidepresivos frente al 2,6% de estudios superiores).
En suma, para la Plataforma de la Salud Mental y los colectivos que la apoyan, como la propia Federación de Barrios, la actuación para hacer frente a esta situación es urgente y requiere de todos nuestros esfuerzos. Están en juego los derechos humanos, están en juego el dolor y la dignidad de las personas. Como señala la psiquiatra Ana Martínez: «Somos conscientes de que por excelente que sea la atención y cuidados que proporcionemos desde nuestros dispositivos y nuestro conocimiento no podremos evitar el sufrimiento que suponen determinadas circunstancias de la enfermedad mental, ni siquiera el cierto grado de sufrimiento que acompaña al ser huano, por serlo. Tampoco, quizás, podremos evitar cierto grado de coerción de unas personas sobre otras, del mismo modo que no todo es «curable» en el sentido común del término. Pero reivindicamos la diversidad de los seres humanos y el derecho a la singularidad de cada cual; por eso proponemos priorizar la construcción y el desarrollo individual de las personas y, en su caso, el cuidado de los más frágiles. Es el ánimo que ha movido a la Plataforma en la esperanza de contribuir desde nuestros conocimientos y experiencias técnicas y profesionales, pero también personales, emocionales y cívicas, a un desarrollo de las fórmulas que queremos terapéuticas más acordes con la idea de una sociedad enriquecedora, equitativa y capaz de acoger y respetar a sus integrantes».
REIVINDICACIONES URGENTES DE LA PLATAFORMA SALUD MENTAL
AL PRÓXIMO GOBIERNO DE ARAGON
- Publicación de las listas de espera en salud mental en las diversas unidades asistenciales.
- Objetivo prioritario, un respeto escrupuloso de los derechos humanos de las personas asistidas en salud mental, en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía.
- Potenciación de la red pública de salud mental, en especial incrementando los recursos de rehabilitación comunitaria de gestión pública propia (no concertados).
- Revisión del Plan de Salud Mental del Gobierno de Aragon, para que sea de verdad un instrumento útil de planificación y evaluación.
- Revisión de la Orden de Noviembre de 2018 de Coordinación y organización asistencial de Salud Mental en la Comunidad Autónoma de Aragon. Defendemos una estructura de gestión liderada por un coordinador o coordinadora de sector.
- Promoción de alternativas a las incapacitaciones civiles, apostando por fórmulas más flexibles, temporales y adaptadas a las necesidades de las personas con TMG.
- Creación de un registro de usuarios con Trastorno Mental Grave ingresados en residencias de mayores como alternativa a la ausencia de mini residencias de salud mental.
- Evitar las derivaciones de personas con TMG a dispositivos de rehabilitación alejados de su comunidad de pertenencia (ciudades o comarcas).
- Asegurar la equidad asistencial en salud mental en cualquier territorio de la Comunidad autónoma, a partir de una distribución equitativa de los recursos.
- Desarrollo de la Proposición No de Ley 178/18 de las Cortes de Aragón sobre contenciones y evaluación del cumplimiento del protocolo del IASS en materia de contenciones.
Por último, la invitación a una reflexión sobre las unidades de hospitalización de pacientes agudos, que se crearon en su día desde la buena intención de tratar a las personas con trastornos psiquiátricos como a cualquier ciudadano con una enfermedad física. Pero que son dispositivos poco adaptados a sus necesidades.
Pedimos nuevos planteamientos para esas unidades, con espacios más acogedores y abiertos, dirigidos a personas no encamadas, fuera de ámbitos estrictamente hospitalarios. Hay un amplio debate sobre el tema y queremos ser una voz más en esa dirección.
Existe acuerdo entre profesionales, pacientes de salud mental y familiares sobre las consecuencias negativas del uso de contenciones mecánicas en su tratamiento. Causan sufrimiento psíquico-traumático y dificultan la recuperación de las personas a las que se les aplica, como recoge la Convención sobre los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de la ONU.
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