La despoblación no solo es una cuestión demográfica. Servicios públicos y calidad de vida en el mundo rural

Por Juan Manuel Arnal Lizarraga, presidente de la FABZ. Artículo publicado en Tierras de Aragón, revista de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA)

La Constitución española de 1978, en su Título I de Derechos y deberes de los ciudadanos, reconoce que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación entre otras, por razón de nacimiento o cualquier otra circunstancia personal o social, así mismo, los españoles tienen derecho elegir libremente su residencia. ¿Esto es así, o el mundo rural es una excepción? Veamos en qué situación nos encontramos.

Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan numerosas regiones europeas y varias comunidades autónomas españolas, incluida la aragonesa, es el de la baja densidad de población de extensas zonas rurales, que unido a la baja natalidad abocan a una creciente despoblación del territorio. El despoblamiento progresivo de numerosas zonas rurales ya afecta a más del 40% de los municipios del Estado; esta situación también puede suponer, y de hecho supone, la dificultad para la accesibilidad de los ciudadanos que habitan en el entorno rural a las prestaciones básicas del Estado de Bienestar: educación, salud y cultura.

El despoblamiento, unido al envejecimiento poblacional, afecta gravemente, cuando no aboca a la desaparición a numerosas poblaciones rurales de todo el territorio aragonés. La concentración de la población en las áreas urbanas, fruto de la mayor actividad económica y acceso a los servicios públicos fundamentales, conlleva que en las zonas despobladas el acceso a estos servicios sea muy deficitario, cuando no, inexistente.

La realidad demuestra, que los vecinos y vecinas de muchas poblaciones rurales, carecen de una calidad de vida homologable a la del resto de ciudadanos con dificultad de acceso a los servicios sanitarios, culturales, nuevas tecnologías de la información, y desplazamiento (carreteras, transporte público, etc.).

Para solucionar esta dicotomía entre la calidad de vida de “vecino urbano contra vecino rural”, es necesario no considerar a las áreas urbanas y rurales como dos áreas separadas o en competencia, ya que deben ser consideradas elementos del asentamiento a diferente escala, interrelacionados por flujos económicos, culturales y humanos. Las zonas rurales y sus poblaciones, no solo tienen una función principal de producción agropecuaria, tienen también un componente residencial, conforman un espacio para las actividades culturales, turísticas y recreativas, sin olvidar la importante función medioambiental de preservación y custodia del entorno.

Los vecinos de las ciudades tenemos que comprender que necesitamos un territorio que satisfaga la producción de alimentos, pero que también sea un espacio vivo, que mantenga toda su riqueza patrimonial material e inmaterial y paisajística. Se hace necesario potenciar una alianza campo-ciudad, para evitar su despoblación.

Por todo ello, debemos exigir de los poderes y administraciones públicas que apliquen políticas y actuaciones que supongan un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras y en los servicios públicos esenciales en las zonas rurales, así como medidas que las desarrollen económicamente, para lo cual es necesario dotar económicamente las acciones para revertir esta situación, con la correspondiente planificación presupuestaria plurianual, corrigiendo con carácter urgente las flagrantes situaciones de carencias de servicios básicos.