El outlet de Pikolín puede terminar como el hiper Alcampo-Utrillas: ilegal pero abierto

La sección nº 1 de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha acordado dejar en suspenso la tramitación del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza por haber elevado al Tribunal Supremo (TS) otro recurso presentado por Iberebro, promotora del outlet Pikolín, contra la misma sentencia que declaraba “nulo de pleno derecho” el plan especial que permitía desarrollar el complejo comercial y de ocio en la antigua fábrica de Pikolín de la carretera de Logroño. Ahora, el TS deberá decidir si admite a trámite el recurso de la empresa promotora, pero, mientras tanto, las obras siguen su curso y anuncian su apertura para la primavera del año próximo.

Para la Federación de Barrios y los colectivos vecinales, de comerciantes, sindicales, ecologistas, que habían denunciado el plan especial declarado nulo por el TSJA, se trata de una muy mala noticia. Para Juan Carlos Crespo, responsable de Urbanismo de la FABZ, desde el ayuntamiento y la empresa promotora se consigue así dilatar el proceso judicial y puede repetirse la historia del hiper de Alcampo de la antigua estación de Utrillas.

En este caso, recurrido por la Federación de Empresarios de Comercio (ECOS), también el TSJA lo había declarado ilegal en 2004, y el mismo Tribunal Supremo, años más tarde, declaró nulo el plan especial que lo había hecho posible. Pero el hipermercado estaba ya funcionando y la ejecución de la sentencia fue imposible. Los promotores se habían salido con la suya, habían hecho el negocio, y toda la legislación, las sentencias de unos y otros tribunales, por muy superiores que fueren, quedaron en papel mojado.

Ahora la historia se repite con los mismos elementos: modificaciones a la carta del Plan General de Ordenación Urbana, planes especiales que son declarados ilegales por el TSJA, sentencias que no se ejecutan y que son recurridas para dilatar los procesos mientras continúan las obras…

Como es conocido, el TSJA declaró el pasado mes de febrero ilegal, nulo de pleno derecho, el plan especial aprobado por el Pleno municipal con los votos de PSOE, PP y C,s. A pesar de ello, las mismas fuerzas políticas votaron a favor de la concesión de las licencias de obras e instalación que deberían estar supeditadas a la legalidad de dicho plan especial (en el caso del Alcampo, el TSJA también las declaró ilegales).

La historia de este desgraciado caso la pueden seguir en el artículo en el artículo de Juan Carlos Crespo publicado en esta web (VER). En el fondo se trata de la confrontación de los intereses privados de la empresa promotora de la nueva gran superficie comercial y los intereses generales de la ciudad, en particular de sus pequeños comerciantes para quienes sería un nuevo golpe para su ya precaria situación, además de los perjuicios para la ordenación y sostenibilidad de la ciudad (contaminación, tráfico, impacto ambiental, gastos de infraestructuras, etc.). Para defender esos intereses generales se hacen las leyes, como el PGOU vigente que aboga por un “modelo concentrado, con un modo de vida propio de una ciudad “tradicional”, “habitable”, constatando la preferencia de los vecinos por el barrio donde viven, donde gran parte del tejido reúne condiciones de centralidad accesible, complejidad de funciones, ambientes y barrios que permitan un alto grado de animación y relación social en el entorno cotidiano. Donde se deban equilibrar las tendencias centrífugas y los desarrollos periféricos con el mantenimiento de funciones culturales, comerciales y representativas en el centro tradicional”.

Estos intereses generales, ciudadanos, son los que están saltando por los aires por las recalificaciones a la carta de los citados grupos municipales del Ayuntamiento zaragozano y las artimañas judiciales de los promotores de la empresa. Leyes que pueden quedar en adornos floridos, en papel mojado, frente a los hechos consumados con los que se permite actuar a los poderes económicos.

Un trato cerrado hace una década

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó un auto el 17 de junio por el que acordaba tener «por preparado» el recurso de Iberebro y «dejar en suspenso» el del ayuntamiento. Esgrime que lo que se «trata de dilucidar (…) es la viabilidad y los límites de la posible modificación de usos en supuestos de fijación de uso dominante en el PGOU».

Dado que ambos recursos tratan sobre el mismo asunto y teniendo en cuenta que la decisión estimatoria sobre el fondo en el recurso de casación estatal afectará a la autonómica, lo deja en suspensión a la espera de lo que decida el Supremo.

A la parte demandante no le ha gustado esta decisión al considerar que se dilatará todavía más en el tiempo el proceso judicial, explicó su abogado, Juan Carlos Jiménez, que informó de que se ha interpuesto un recurso de queja.

Los propios colectivos demandantes, entre los que hay empresarios del pequeño comercio, vecinos, sindicatos y políticos, criticaron que así es posible que vuelva a repetirse la historia de Utrillas, es decir, que Iberebro termine las obras de manera que ya no haya forma de evitar la apertura de puertas.

Juan Carlos Crespo, responsable del Área de Urbanismo de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), utiliza un documento de 2008 para ordenar la sucesión de acontecimientos y los intereses que se entrecruzan en este rompecabezas. “Este documento nunca llegó a Pleno y no tiene validez alguna, pero revela perfectamente el guion de cómo se han hecho las cosas para sacar adelante el Outlet de Pikolín”, explica Crespo con el documento del convenio, de fecha 16 de abril de 2008, entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Pikolín Iberebro. Las firmas son las del entonces consejero de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, y la de Alfonso Solans Solans, representante de la empresa.

“En este documento se intenta pactar una contraprestación con un convenio urbanístico con la parcela de la fábrica de Pikolín a cambio de que las nuevas fábricas se mantuvieran en Zaragoza”, plantea Crespo como piedra angular para desarrollar su argumento. “Se ven factores muy importantes: que es una zona H, lo primero, y que no cabe indemnización por parte del Ayuntamiento si no saliese adelante”, explica, y prosigue: “El plazo de tiempo y que no se indemnice no tiene consecuencia alguna en el presente, aunque dice mucho porque sabían que lo que hacían era una jugada que se la podían tumbar rápidamente, pero el hecho de que sea una zona H sí tiene implicaciones ahora, ya que esto pertenece a una catalogación concreta del PGOU y establece unas condiciones muy claras respecto al uso que se le puede dar y dejando claro que lo que se propone en el Plan Espacial de 2015, que aprobaron el PSOE, PP y Ciudadanos para desarrollar el proyecto de Torre Village, es ilegal. Lo denunciamos a la Justicia y la sentencia del TSJA nos da la razón y así lo hará el TS también cuando se pronuncie tras el recurso interpuesto, de nuevo forzado por PSOE, PP y Ciudadanos”. El 19 de marzo, un mes después de la sentencia que referencia Crespo, otra sentencia del TSJA volvía a declarar nulo el Plan Especial de Torre Village.

El responsable de Urbanismo de la FABZ enfatiza en una de las implicaciones que tiene un suelo catalogado como H. Bajo esta tipología no pueden construirse comercios minoristas alegando que “los que están permitidos son de características muy distintas a las que se proponen con Torre Village. Comercios como tiendas al por mayor, tiendas de muebles y otros tipos de comercio que, por su voluminosidad, por ejemplo, son inviables en las calles de la ciudad consolidada y donde se enclava el pequeño comercio. No cines y tiendas de ropa, esta es la lógica del PGOU y un plan especial de rango inferior no puede incumplirlo”.

Crespo hace referencia a dos hechos que reflejan los equilibrios de poder: la aprobación del plan especial en 2015 y el recurso al TS, junto con un tercero que es el intento de modificación del PGOU que propone la oposición y que aprobó en mayoría (a la vez que el mencionado recurso) en el Pleno de la ciudad.