La ciudad necesita invertir anualmente una media de 15 M€ para garantizar una gestión eficiente y sostenible en materia de saneamiento. Las inversiones reales que estamos realizando no superan los 6,5 M€/año (un 44% de lo necesario). Ello supone un grave deterioro de infraestructuras que antes o después habrá que afrontar.

El ICA, cobrado por la DGA, representa para los vecinos y vecinas de Zaragoza un aumento medio de la carga impositiva en materia de saneamiento del 86%, con un total de 13,5 M€/año. Si tenemos en cuenta que Zaragoza tendría que invertir en saneamiento 8,5 M€/año más de lo que invertimos ahora y otros 8 M€/año más en abastecimiento, resulta inaplazable derogar el ICA y asumir una alternativa razonable antes de que la falta de inversión nos lleve al deterioro del medioambiente y a nuevos incrementos del precio del agua para corregirlo. Esto se resolvería aplicando la propuesta de RAPA.

En tan solo tres años, la DGA ha facturado en torno a 45 M€ en Zaragoza mientras que la ciudad tiene pendiente inversiones en saneamiento del orden de 150 M€, para la década que acabamos de iniciar; inversiones, que son inaplazables y que deberán realizarse en el marco de una gravísima crisis económica, derivada de la crisis sanitaria, que golpeará la economía familiar de la mayoría social.

Nuestra alternativa al ICA supone que nadie en Aragón pague más de la media de lo que se está pagando en España por los servicios de saneamiento y que el sobrecoste (por encima de esa media) se cubra con los presupuestos de la Comunidad.

En la situación actual, todo ello supondría que la ciudadanía de Zaragoza seguiría pagando al Ayuntamiento la tasa municipal y además aportaría entre 3,5 y 5 M€/año a la DGA (no los 13,5 actuales), como contribución de corresponsabilidad al sostenimiento de los sistemas de depuración en Aragón. De esta forma, liberando hasta 10 M€/año de lo que ahora se paga por ICA, Zaragoza tendría posibilidad de encarar sus propias necesidades de inversión (15M€ anuales, solo en materia de saneamiento).

Si nos referimos al resto de Aragón, en los municipios que tuvieran cedidas sus competencias a la DGA, ésta cobraría la tasa autonómica y el impuesto de corresponsabilidad, lo que debería alcanzar la media de lo que se paga a nivel estatal; el resto se cubriría desde los presupuestos de la Comunidad. En los municipios que no tengan cedidas las competencias, se pagaría la correspondiente tasa municipal, además del impuesto de corresponsabilidad de 0,1 €/m3. Ello supondrá que en aquellos municipios en los que se haga una buena gestión se acabaría pagando menos de la media nacional.

En cuanto a la financiación de las depuradoras del Pirineo deberían cargarse a los presupuestos de la Comunidad, puesto que esos fondos los recibió la DGA con destino finalista para estas obras consideradas de interés general del Estado.

La presente crisis deja claro que el agua, como la sanidad, no deben gestionarse como negocio, sino como servicio público de interés general sin ánimo de lucro, asegurando el acceso universal al agua y protegiendo el derecho humano al abastecimiento y al saneamiento. En este sentido, tanto el Estado como las Autonomías, deben reforzar la financiación de la gestión municipal de los servicios de agua y saneamiento, como clave fundamental de la salud pública.

RED DE AGUA PÚBLICA DE ARAGÓN

rapaaragon@gmail.com

17 / 04 / 2020