El ICA y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón ante las próximas elecciones autonómicas y municipales

La Red del Agua Pública de Aragón, de la que forma parte la FABZ, ha presentado hoy en rueda de prensa un análisis sobre la situación del conflicto del Impuesto de Contaminación del Agua y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, en base al cual ha planteado siete preguntas básicas a los partidos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas y municipales sobre las decisiones a tomar al respecto

Asimismo la RAPA ha informado sobre los tres recursos contencioso-administrativos –admitidos a trámite por el TSJA- en relación a dos asuntos vinculados con el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) y sus fuentes de financiación.

ANÁLISIS Y PREGUNTAS A LOS PARTIDOS

A la atención de los partidos y coaliciones con representación en las Cortes de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza.

La RAPA se dirige a su partido para solicitarle que defina sus futuros compromisos de actuación de cara a solucionar el conflicto del Impuesto de Contaminación del Agua y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón.

El documento expuesto a continuación contiene el análisis de la RAPA sobre el problema y siete preguntas básicas sobre las decisiones a tomar al respecto. Les rogamos nos den contestación a estas siete preguntas antes del día 21 de mayo a fin de que la RAPA pueda dar una valoración pública al respecto.

Desde RAPA entendemos que el ICA y la privatización del agua, derivada del vigente Plan de Saneamiento, deben ser y serán foco referencial para decidir el voto de muchas personas en Aragón, en Zaragoza y en muchos otros municipios. Diversos hechos fundamentan esta convicción, entre los que destacamos los siguientes:

• en Zaragoza hay 105.000 familias en impago del ICA, lo que supone unas 300.000 personas implicadas en un rechazo contundente a este injusto, oscuro y abusivo impuesto;
• hay impotencia e indignación en los municipios pirenaicos, que cedieron sus competencias a la DGA, al saberse que deberían haber recibido 140 millones para construir sus depuradoras (malversados por la DGA), y que, sin embargo, pagan desde el principio el ICA, máximo canon de vertido y encima multas, por no tener esas depuradoras;
• se constata que el operativo de privatización del agua que promovió la DGA nos lleva al saneamiento más caro, con diferencia, de toda España;
• tanto en el Informe de la Cámara de Cuentas como en la Comisión de Investigación de las Cortes, se evidencian sistemáticas irregularidades en la gestión del Plan de Saneamiento, que perfilan lo que podría ser el caso más grave de corrupción jamás conocido en Aragón.

La posición de RAPA se sintetiza en los siguientes puntos:

• Las próximas Cortes de Aragón deberían reformar en profundidad la Ley de Aguas y Ríos de Aragón para reforzar las capacidades municipales en la gestión de sus competencias sobre agua y saneamiento, en lugar de favorecer la privatización de estos servicios, garantizando transparencia y participación ciudadana.
• En el contexto de esta reforma, se debe derogar el ICA y asumir un nuevo modelo de financiación en línea con el propuesto por RAPA, en el que la DGA debe hacerse cargo de los injustificables sobrecostes del modelo vigente, de forma de nadie en Aragón pague más de la media de lo que paga la ciudadanía en el resto de España.
• El IAA debe ser disuelto y sus funciones asumidas por una Dirección General abierta al control transparente y la participación ciudadana.
• A lo largo de la próxima legislatura, la Comunidad Autónoma debe resolver la deuda patrimonial que tiene con los Ayuntamientos del Pirineo a los que estaban destinados los 140 millones que llegaron a la DGA por el Convenio firmado con el Gobierno central.
• La DGA debe resolver los contratos incumplidos por las empresas, al no construir en plazo las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios en favor de los Ayuntamientos afectados.
• En tanto esos daños y perjuicios no queden satisfechos por las empresas, la DGA debe asumir la deuda con esos municipios que supone el cobro indebido a sus vecinos del Canon de Saneamiento/ICA, el canon de vertido a la CHE y las multas que se vienen imponiendo por no disponer de depuradora.
• La DGA debe abrir de inmediato una investigación en profundidad sobre las sistemáticas irregularidades en la gestión del Plan de Saneamiento constatadas, tanto en el Informe de la Cámara de Cuentas como en la Comisión de Investigación de las Cortes, promoviendo de forma inmediata los correspondientes expedientes de sanción a los responsables.
• La DGA debe facilitar la recuperación de competencias a los Ayuntamientos que lo soliciten, ofreciendo nuevos convenios, desde bases de colaboración y no de cesión de competencias.
• La DGA debe ofrecer a los Ayuntamientos que gestionen adecuadamente sus servicios de saneamiento, la disponibilidad de los fondos que se ahorren respecto a la vigente gestión privatizada, como incentivo de BUENAS PRÁCTICAS.
• En el caso de Zaragoza, deberá negociarse un convenio DGA/Ayuntamiento, en el contexto del modelo de solidaridad transparente que promueve la RAPA, que garantice la colaboración financiera de la Comunidad en las inversiones necesarias, tanto en saneamiento y drenaje pluvial como en renovación de redes.

Sobre esta base propositiva, dirigimos a las formaciones políticas las siguientes preguntas:

1. ¿Asumen derogar el ICA y promover un nuevo modelo de financiación del Saneamiento que garantice, en línea con el propuesto por RAPA, que nadie en Aragón pague más de lo que se paga en media en España?

2. ¿Se comprometen a reformar la Ley de Aguas y Ríos de Aragón para fortalecer las capacidades locales desde nuevos enfoques de gestión pública transparente y participativa?
3. ¿Asumen la necesidad de disolver el IAA y, de ser así, qué proponen como alternativa?
4. ¿Cómo resolverán la deuda patrimonial de la DGA con los Ayuntamientos del Pirineo, por esos 140 millones del Convenio con el Gobierno que debían financiar sus depuradoras?
5. ¿Están de acuerdo en denunciar los convenios incumplidos por las empresas que no construyeron las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios en favor de los municipios?
6. ¿Respaldan que la DGA se haga cargo de las multas y del canon de vertido de los municipios que cedieron sus competencias a la DGA y no tienen aún depuradora?
7. ¿Están de acuerdo en abrir de inmediato expedientes que permitan sancionar como corresponda a quienes, desde la Administración, propiciaron o permitieron las graves irregularidades que denuncia el Informe de la Cámara de Cuentas?