La escalada de precios de las últimas semanas debe cesar y garantizarse el derecho a tener electricidad

La Unión de Consumidores de Aragón (UcAragón), entidad colaboradora con la FABZ en la información y lucha por los derechos de los consumidores, ha publicado en su página web el comunicado del Consejo de Consumidores y Usuarios de Aragón criticando la «alarmante e inexplicable subida del precio medio del mercado mayorista eléctrico» que demuestra el fracaso de las políticas energéticas en las últimas décadas, que estamos pagando los usuarios con las tarifas más altas por la electricidad de Europa.

El Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios expresa su profunda irritación ante el ante el abuso de posición por parte de las grandes compañías eléctricas

Ante la alarmante e inexplicable subida del precio medio del mercado mayorista eléctrico que se situará en 111,88 euros por megavatio hora este martes 10 de agosto, el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios quiere expresar su profunda irritación ante lo que tiene todo el aspecto de un abuso de posición por parte de las grandes compañías eléctricas españolas.

Venimos denunciando desde hace décadas un conjunto de fracasos de este mercado que vienen de muy lejos y que se agravaron en los años de la fiebre liberalizadora.

Fracaso en la liberalización del sector: La desregulación y la liberalización del mercado eléctrico han fracasado a la hora de conseguir abaratar los precios. Las razones son varias, pero la principal es que no ha sido posible acabar con el oligopolio de las grandes compañías.

Fracaso en el abaratamiento: La existencia de dos modelos de mercado, el regulado o de PVPC y el libre, se ha traducido en toda una serie de prácticas fraudulentas que al final han conseguido que el mercado libre sea mayoritario, pero paradójicamente más caro que el PVPC.

Fracaso en la competencia: Los precios horarios en el mercado mayorista se fijan a través de una subasta cuyas características técnicas garantizan siempre el precio más alto de los ofertados. Esto unido a la escasa diferenciación entre las empresas que venden y las que compran, que forman en muchos casos parte de los mismos grupos empresariales, hace que el proceso sea siempre perjudicial para los consumidores.

Fracaso en proteger a los vulnerables: Las medidas de protección para los consumidores vulnerables se han dejado en manos de las propias empresas, que como es lógico no están interesadas en que estas medidas lleguen a todos los beneficiarios.

Fracaso en la asignación de costes: El recibo de la luz es un magnífico instrumento de recaudación para las arcas públicas. El 60% de media en los recibos se debe a la parte fija o peajes que en gran medida financian políticas estatales, algunas relacionadas con la energía, pero otras no. Se llega al absurdo de que el Estado nos cobra el IVA sobre un impuesto eléctrico que cobra el mismo Estado.

Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Es un periodo febril de una infección que lastra las economías de las familias y de las empresas. Esa infección se llama: “Mercado”.

Hay soluciones a corto plazo para bajar la fiebre. Portugal ha anunciado una bonificación del 10% a todos los hogares en el próximo recibo. Bajar el IVA, garantizar las medidas de protección para consumidores vulnerables. Impedir la interrupción del servicio por impago. Pero lo que de verdad necesita el sistema energético español es erradicar la enfermedad. Curarse de ese mal que es la ley del Mercado.

Hay quien propone recuperar (expropiar a justiprecio o recuperar concesiones) la empresa pública española que fue privatizada y que actualmente está en manos de una empresa pública italiana. No es sino otro antitérmico. Si el Estado recupera esta empresa, será una empresa más a competir con otras y con dos alternativas, o perder dinero o hacer lo mismo que hace ahora. Por lo tanto, es una solución fácil de enunciar, pero que no soluciona nada.

Por el contrario, hay que asumir el problema en su totalidad. No es posible que el suministro de energía a las empresas y a las familias españolas esté sujeto a las leyes del Mercado. De igual manera que la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la movilidad, el Ciclo del Agua, etc., el Suministro de energía debe ser considerado como un derecho de las personas y por lo tanto sujeto a la responsabilidad de las administraciones del Estado. No puede ser que la decisión de si un hogar tiene energía o no, esté en manos de una empresa. Otra cosa es cómo se gestiona ese derecho y ahí hay espacio para el sector privado. Nos dicen que Europa no lo permitiría, pero la pandemia nos ha enseñado que Europa puede cambiar de opinión.

El acceso a la energía es ya vital en las sociedades modernas. No podemos avanzar en nuevos modelos energéticos si no partimos de un principio central. Tener energía en tu casa debe ser un derecho garantizado por el Estado. No es posible que el Gobierno de España asista impasible, día tras día, a una escalada de precios que busca poner a los consumidores ante la disyuntiva de pagar lo que nos piden o sufrir las consecuencias de la ola de calor. Urge ya una intervención urgente del mercado eléctrico por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Urge ya una investigación profunda de las prácticas posiblemente fraudulentas que nos han llevado a esta situación. Urge ya arrebatar a las empresas monopolísticas el control de los precios de la electricidad. No tienen límite en su codicia y para ponerles freno solo cabe una acción decidida del Gobierno.