Por Elena Andrés. CC.OO Enseñanza Teruel
En los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 en la provincia de Teruel se perdieron 129,4 puestos de trabajo docente el primer curso citado, 74,4 al siguiente y 55 el último de ellos. Esta bajada de profesorado se acompañó de un descenso de aulas abiertas. Muchos pueblos perdieron su escuela.
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, precisamente le amparaba y protegía de semejantes iniquidades. La Administración, entonces gobernada por el Partido Popular, ignoró por completo las demandas de zonas despobladas que necesitan apoyo institucional para un desarrollo del territorio equilibrado y vertebrado.
Ignacio Martínez, portavoz de la Agrupación de AMPAS de Cuencas Mineras durante los años de 2011 a 2013, señala que estas se coordinaron para defender sus derechos y después de agotar todas las vías administrativas, con sus plazos, denunciaron el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en dos ocasiones, en 2012 y 2013, y en la Fiscalía de Menores una tercera, en 2014. En todos los casos pidieron medidas cautelares, que nunca fueron tenidas en cuenta y sólo se les dio una sentencia final al cabo de dos años en cada demanda.
A la indignación de aquel momento se suma el estupor que supone ver cómo ahora sí se toman medidas cautelares, que amparan a un alumnado que, como mínimo, no tendrá que viajar a otra localidad para ser escolarizado. Sorprende que las familias de Cuencas Mineras no tengan derecho a decidir, de modo cautelar, si libremente prefieren que sus hijas e hijos estudien en las localidades donde residen. Sorprende que una misma legislación permita tomar una decisión y la contraria.
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