La Plataforma de Salud Mental, en la que participa la FABZ a partir de las Comisiones de Personas Mayores y Salud envía una carta abierta a la DGA.

Desde la Comisión de Personas Mayores de la FABZ nos sumamos a la carta abierta enviada al Gobierno de Aragón respecto al uso de prácticas coercitivas en nuestra comunidad autónoma. La misiva parte de la Plataforma de Salud Mental, de la que formamos parte, junto a la Comisión de Salud de la FABZ.

CARTA ABIERTA AL GOBIERNO DE ARAGÓN RESPECTO AL USO DE PRÁCTICAS COERCITIVAS EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

En nuestra Comunidad, seguimos asistiendo a prácticas como ingresos involuntarios,
contención física, aislamiento, medicación forzosa, y presiones diversas bajo los
argumentos de conseguir un bien superior -facilitar un tratamiento indispensable
basándose en la falta de autonomía de la persona, en la necesidad de disminuir el
riesgo auto y heteroagresivo-. Estas técnicas, que se aplican a menudo de forma
sistemática, vulneran la autonomía de la persona, pero también implican un abordaje
en el que no se afronta el sufrimiento de quien lo padece.

Estas coerciones no solo se dan en plantas de hospitalización de agudos y servicios
de urgencias, sino también en unidades residenciales de media y larga estancia,
unidades psiquiátricas penitenciarias, centros de atención juveniles, residencias de
ancianos, personas con discapacidad y en ocasiones, poco discriminadamente, en
plantas médicas de hospitales generales.

Las contenciones mecánicas tienen un impacto físico y psicológico significativo
Muchos pacientes perciben sus experiencias como humillantes, deshumanizadoras,
irrazonables y angustiosas.

Por parte del Gobierno, en Aragón, no se ha implementado un protocolo consensuado
y común a todos recursos, referente al uso de contenciones pero si se elaboró un
formulario de cumplimiento obligatorio y registro de información básica que se
comunicó a responsables de Enfermería en hospitales y residencias de mayores del
IASS.

De momento desde su implantación se han obtenido pocos resultados en cuanto a
tener una idea precisa del alcance del objetivo largamente demandado por instancias
nacionales e internacionales.

En base a los requerimientos de estas Instancias e iniciativas parlamentarias, las
entidades abajo firmantes instamos a las Consejerías de Sanidad y de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón a:

• • Desarrollar iniciativas para el cumplimiento de las propuestas de la Proposición
    no de ley presentada con fecha 22 de mayo del 2018: plantear medidas a
    diferentes niveles para poder evitar el uso de contenciones en el futuro como
    formación de profesionales (Metodología de gestión y eliminación de
    sujeciones…), promover campañas de sensibilización a colectivos de interés
    (usuarios, familiares, cuidadores, juristas, etc.), adecuación de ratios de
    plantillas, rediseño de espacios, medidas materiales, arquitectónicas y
    funcionales y tener en cuenta todas aquellas variables que pudieran revertir
    dichas prácticas, e inducir su modificación.
  • Realizar un estudio en la Comunidad Autónoma para conocer la medición y
    condiciones de uso de las técnicas de coerción (especialmente las técnicas de
    contención mecánica) en aquellos centros en los que se realicen (Salud
    mental, mayores, discapacidad y menores).
  • Incluir a la sociedad civil (plataformas, colegios oficiales, profesionales,
    usuarios/as…) en el diseño de una estrategia para la disminución de prácticas
    coercitivas, estableciendo cauces reales de participación y control.
  • Establecer un procedimiento de evaluación semestral por parte del
    Departamento de Sanidad con los agentes implicados.

En definitiva, se trata de poner en marcha las medidas propuestas y de realizar su
seguimiento y evaluación a fin de originar un cambio de prácticas hacia «cero
contenciónes».

Transmitimos también nuestra intención de solicitar del Ministerio Fiscal en su función
tuitiva de Guarda, amparo y defensa de los derechos de personas mayores, personas
usuarias de unidades psiquiátricas o de salud mental y/o con discapacidad, que…

• • Vele por el efectivo reconocimiento y salvaguarda de su dignidad en relación
    con el uso de coerciones o sujeciones físicas y/o farmacológicas a las que
    puedan verse sometidos.
  • Realice las preceptivas inspecciones a unidades psiquiátricas o de salud
    mental y en centros residenciales y/o socio sanitarios de personas mayores y/o
    con discapacidad.
  • Vele por el cumplimiento de la normativa (prescripción facultativa,
    consentimiento informado, protocolos, control periódico, supervisión,
    documentación…).
  • En caso de incumplimiento si fuese preciso, tramite las infracciones a fin de
    que se apliquen las sanciones correspondientes.

Hasta que sea posible eliminar las prácticas coercitivas en la asistencia en salud
mental y en la asistencia sociosanitaria en general, es importante tomar en cuenta
estas prácticas anti-terapéuticas a fin de su progresiva reducción y a la vez dotarse de
los medios necesarios para hacerlo. Todo ello redundará en una asistencia más
humanizada, personal y de cuidado para las personas afectadas y en visibilizar y
combatir las discriminaciones que cercenan los derechos humanos de todas las
personas.

Carta Abierta completa: