Artículo publicado en el boletín de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel

El informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua de la Cámara de Cuentas de Aragón de marzo de 2017, arrojó luz sobre la gestión pública, que ya se intuía de antemano, sobre desastrosa deriva para el interés general de los aragoneses del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (PASD): sobrecostes y desfases en la ejecución y explotación de las infraestructuras, sobredimensionamiento, desvío de los fondos recibidos por el Ministerio de Medio Ambiente para la depuración de núcleos pirenaicos a otras actuaciones y, además, la constatación de que los vecinos y vecinas pagan en su recibo del otrora Canon de Saneamiento y hoy en día Impuesto de Contaminación de las Aguas, una cantidad que supera con creces  la media española. La legítima “insurrección” de los zaragozanos ante el pago de este “confuso impuesto” ha terminado de desnudar todo el entramado.

La campaña desarrollada por la Red de Agua pública de Aragón, RAPA, en la que está integrada la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, FABZ, la cual ha jugado un papel fundamental con las asociaciones vecinales federadas promoviendo múltiples actos públicos y mesas informativas, lo que hasta la fecha ha supuesto más de 25.000 recursos gestionados en la sede federativa. Estos recursos ponen “negro sobre blanco” el malestar vecinal a la “sobreimposición” que supone pagar por lo que ya se abonaba desde hace décadas, por haber construido y explotado por el municipio su costoso sistema de saneamiento y depuración, depurando sus aguas residuales desde 1993. Con un falso concepto de solidaridad territorial se pretende que los zaragozanos paguen un auténtico “fiasco” (el Presidente Lambán, dixit) y que el expolio al contribuyente continúe.

Los portavoces del Gobierno de Aragón, mentan a las directivas europeas para justificar este ICA, las mismas que ellos incumplen y que hablan de recuperación de costes. Pero una cosa es “tender a la recuperación de costes”, como dice la Directiva europea de aguas, y otra pagar los “injustificados sobrecostes”. Para la verdadera solidaridad en materia del ciclo integral del agua entre los habitantes de las grandes y medianas ciudades aragonesas, con los pequeños pueblos, es necesario conocer de antemano la realidad de las necesidades, y rectificar de acuerdo a la fiscalización de lo ya ejecutado.

Los centenares de poblaciones por todo el territorio aragonés que no cuentan con sistema eficiente de depuración y están obligadas por directiva europea, la insostenibilidad económica a futuro de todo el PASD, supone que los aragoneses hayan pagado unos sobrecostes por depuración desde hace años, y lo más sangrante en muchos casos, sin la depuradora construida, a lo que se suman las sanciones administrativas que tienen que pagar los ayuntamientos por incumplir la legislación europea y estatal en materia de depuración, lo cual supone detraer fondos municipales de sus presupuestos necesarios para otros fines.

Por todo ello, la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), instamos al Gobierno de Aragón a la supresión de este impuesto con la consiguiente propuesta de modificación de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, creando una nueva figura impositiva justa, con criterios de progresividad, finalista en su carácter medioambiental y sostenible económicamente  en el tiempo. Así mismo también instamos a la urgente revisión del PASD, y ejecución de las necesarias y pendientes actuaciones de depuración por todo el territorio aragonés con criterios de sostenibilidad ambiental y viabilidad técnica, económica y social.