Resolución de la Asamblea 2017 de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón

La Constitución española de 1978, en su Título I de Derechos y deberes de los ciudadanos, reconoce que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación entre otras, por razón de nacimiento o cualquier otra circunstancia personal o social, así mismo, los españoles tiene derecho elegir libremente su residencia. ¿Esto es así, o el mundo rural es una excepción?

Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan numerosas regiones europeas y varias comunidades autónomas españolas, es el de la baja densidad de población de extensas zonas rurales, que unido a la baja natalidad abocan a una creciente despoblación del territorio. El despoblamiento progresivo de numerosas zonas rurales ya afecta a más del 40% de los municipios del Estado y esta situación también puede suponer, y de hecho supone, la dificultad para la accesibilidad de los ciudadanos que habitan en el entorno rural a las prestaciones básicas del Estado de Bienestar: educación, salud y cultura.

El despoblamiento, unido al envejecimiento poblacional afecta gravemente, cuando no aboca a la desaparición a numerosas poblaciones rurales de todo el territorio interior del estado español. La concentración de la población en las áreas urbanas, fruto de la mayor actividad económica y acceso a los servicios públicos fundamentales, conlleva que en las zonas despobladas el acceso a estos servicios sea muy deficitario, cuando no inexistente.

Las políticas europeas y las estrategias de los Fondos estructurales, han tenido 3 objetivos centrales: Potenciar la actividad económica, promover el equilibrio territorial y garantizar la calidad de vida. Esto supone que el todos los habitantes el territorio, y en especial las zonas desfavorecidas o despobladas tendrían que ser objeto de las políticas de los gobiernos europeos y regionales.

La realidad demuestra que los vecinos y vecinas de muchas poblaciones rurales carecen de una calidad de vida homologable a la del resto de ciudadanos con dificultad de acceso a los servicios sanitarios, culturales, nuevas tecnologías de la información, y desplazamiento (carreteras, transporte público, etc.).

Para solucionar esta dicotomía entre la calidad de vida de “vecino urbano versus vecino rural”, es necesario no considerar a las áreas urbanas y rurales como dos áreas separadas o en competencia, ya que deben ser considerados elementos del asentamiento a diferente escala, interrelacionados por flujos económicos, culturales y humanos. Las zonas rurales y sus poblaciones, no solo tienen una función principal de producción agropecuaria, tienen también un componente residencial, conforman un espacio para las actividades culturales, turísticas y recreativas, sin olvidar la importante función medioambiental de preservación y custodia del entorno.

Por todo ello, para evitar el despoblamiento de amplias zonas rurales, los poderes y administraciones públicas deben implementar políticas y actuaciones que supongan un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras y en los servicios públicos esenciales, así como medidas que las desarrollen económicamente, para lo cual es necesario dotar económicamente las acciones para revertir esta situación, con la correspondiente planificación presupuestaria plurianual. Es preciso, pues, corregir con carácter urgente tanto las flagrantes situaciones de dificultades de acceso, cuanto la falta de servicios básicos como son la atención sanitaria rural, servicios educativos y culturales, la mejora de infraestructuras viarias que eviten el aislamiento, transporte público, acceso a los servicios digitales, etc.