La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) considera que el anuncio de los responsables del outlet Torre Village (antiguo terreno de Pikolín) de que en marzo se van a realizar las pruebas de selección de personal para el futuro centro comercial y que éste generará más de mil puestos de trabajo, es una estrategia para presionar ante el recurso judicial planteado por la propia FABZ y otras entidades contra la aprobación del outlet porque contraviane la normativa urbanística de Zaragoza.

Ante el recurso presentado el pasado 22 de diciembre al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por diez organizaciones vecinales, de comerciantes, sindicales, ecologistas y políticas, que este viernes 27 de enero ha sido admitido a trámite por el TSJA, «los impulsores de Torre Village venden humo», asegura el responsable de Urbanismo de la FABZ, Manuel Arnal.

Sus declaraciones responden a las manifestaciones realizadas por Carmen Herrarte, responsable de Torre Village, quien además de anunciar el inicio de las pruebas de selección de personal, aseguró que el centro abrirá en 2018.

Por contra, el citado dirigente vecinal sostiene que «no es verdad que vayan a crear mil puestos de trabajo ni que tengan garantías de poder abrir el próximo año». Arnal, en representación de la FABZ, sostiene que los promotores del centro comercial «están asustados» ante la presentación del recurso y pretenden «presionar ante instancias judiciales para que los tribunales no frustren sus planes».

Contrario a los intereses de la ciudad

Unos planes que la FABZ y las organizaciones firmantes del recurso judicial consideran contrarios a los intereses de la ciudad, de sus vecinos y del pequeño comercio, por lo que desde el primer momento han mostrado su firme oposición al proyectado outlet en Pikolín.

La movilización de estas entidades se concretó, entre otras acciones, en la presentación del referido recurso, en el que los demandantes se oponen, por razones de tipo urbanístico, a la reconversión de una zona industrial de la ciudad en una gran superficie comercial, al entender que no cabe autorizar dichos usos en esa ubicación conforme a las normas y contenido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello consideran que la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, PSOE y C’s, es contraria a derecho.

Las entidades que han presentado el recurso son las de vecinos y consumidores (FABZ), comerciantes (Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Provincia de Huesca, las asociaciones de comerciantes “Yo compro en las Fuentes” y “Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza”), sindicales (Federación de Servicios de Comisiones Obreras y la Federación Estatal de Servicios Movilidad y consumo de la UGT).

También ecologistas (Ecologistas en Acción) y políticas (Izquierda Unida de Aragón, Podemos, ZeC) se oponen a un proyecto que estiman “lesivo” a los intereses generales de la ciudad y contrario al PGOU y diferentes normas urbanísticas de aplicación.