Comunicado de la Asociación Vecinal Madalena Calle y Libertad en relación al desalojo llevado a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 3 de diciembre

Foto: El Periódico de Aragón /Pablo Ibáñez

La única estrategia acerca de la pobreza del Ayuntamiento de Zaragoza es intentar esconderla.

Hace diez días asistimos a otro capítulo de la infame historia del campamento instalado desde hace meses en el zaragozano Parque Bruil, un desalojo planificado y alevoso en el que consideramos que nuevamente se han vulnerado derechos fundamentales de las personas que allí habitaban.

A la espera de nuevas aclaraciones y resumiendo, se ha ofrecido quince días de estancia en el albergue a las personas desalojadas que formaban parte de un recuento del que no sabemos todavía cuándo y en qué condiciones se realizó, que son las que podrán recuperar sus pertenencias menos voluminosas. Colchones y mantas confiscadas, enseres de vital importancia para la gente que vive en la calle, han ido a parar a la basura. La Asociación se pregunta en qué condiciones queda la gente alojada en el albergue al transcurrir el tiempo de acogida, o las personas que no formaran parte de la lista, cuyas posesiones hayan ido a parar a algún almacén, con suerte, o al vertedero, lo más probable.

Si algo de bueno tenía la presencia de gente sin hogar en el Parque Bruil era la imposibilidad de ocultar una situación que se está extendiendo sin freno, por los problemas de acceso a la vivienda y por la inacción de los servicios sociales a todos los niveles de gobierno. No es un problema exclusivo de Zaragoza, pero parece que en la manera de afrontarlo el presente equipo de gobierno municipal sí que está dejando su particular sello. Primero a través del vallado de espacio de uso público, de los portales de las comunidades aledañas al

Parque Bruil, o de espacio público directamente, como es el caso de la entrada del Centro de Historias. Tras esta reducción drástica del espacio disponible para el vecindario en general, con o sin hogar, llega el desalojo alegando problemas de insalubridad e imponiendo el cierre del Parque durante varios meses.

A estas alturas, el Ayuntamiento no ha ofrecido ningún tipo de información acerca de sus planes y plazos para el espacio verde, pero entre tanto ha desaparecido un espacio de convivencia y esparcimiento para vecinas y vecinos, especialmente niñas y niños.

Cualquiera que haya seguido la trayectoria del problema podrá apreciar que este punto y seguido era esperable, porque no hay otra estrategia que expulsar a los pobres de lugares donde se considere indeseable su presencia, y tras los quince días de rigor de alojamiento, que sean ellos mismos los que elijan campamentos debajo de los puentes, donde el problema sigue existiendo pero queda oculto a la ciudadanía.

Hemos normalizado que el Ayuntamiento ofrezca estancias temporales en el albergue y que eso soluciona algún problema cuando, primero, este recurso sólo debería ser usado en casos de extrema emergencia como en la mayoría de los países europeos, y segundo, que pasado el plazo el problema vuelve a la casilla de salida, incluso agravado, porque se incorporan a la calle colectivos expulsados de alojamientos ilegales o de otros espacios públicos, como la estación de autobuses, desalojo este por cierto en el que entendemos que también se vulneraron derechos fundamentales, y para colmo a cargo de seguridad privada.

Que el Ayuntamiento alegue problemas de limpieza y salubridad para efectuar el desalojo en el Parque abunda en la estrategia de asociar pobreza y suciedad, un recurso utilizado habitualmente para esconder una aporofobia y un clasismo rampantes. Hay que recordar que la misma institución mantiene en estado de abandono desde hace años el kiosko del Parque, lugar ocupado por el campamento ahora desalojado, sin que se hiciera caso de las denuncias vecinales al respecto. Como tampoco han tenido ningún eco otras reclamaciones acerca de la abundante presencia de ratas en el cercano entorno de Tenerías. Estos hechos desmienten el presunto interés del Ayuntamiento por la salud colectiva. Actuar contra el pobre y permitir que el rico mantenga en estado de abandono, y por tanto de auténtica insalubridad y peligro constante edificios históricos en el Casco Viejo, es política desgraciadamente aceptada en las oficinas de la plaza del Pilar.

Por último, hacer referencia a las expresiones y comportamientos de ciertas vecinas y vecinos de la zona que han jaleado este desalojo, en contraposición a la postura mantenida por nuestra y otras asociaciones vecinales de la zona. A estas vecinas y vecinos les remitimos a casos como los desalojos de edificios

en Teruel y Huesca, para que entiendan que el peligro de caer en una situación de sinhogarismo está más cerca de lo que nos puede parecer. Aun entendiendo sus quejas, y dejando claro que ni portales, ni parques, ni estaciones son lugares para vivir, pedimos soluciones que antepongan el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.

La Asociación Calle y Libertad reclama al Ayuntamiento de Zaragoza información acerca de los presuntos problemas de salubridad y de las intervenciones paisajísticas que promete, de las que no existe ningún proyecto ni presupuesto, que sepamos. Además, se mantiene en contacto con grupos de ayuda a personas refugiadas y sin techo para estudiar las acciones al respecto, en defensa de los derechos de vecinas y vecinos de La Madalena, con o sin techo.