Ante las denuncias sin resolver, incumplimientos y deficiencias observadas, la FABZ solicita al Justicia su amparo para que se investigue la situación de las residencias de mayores de Aragón

Entre otras cuestiones la FABZ reclama:

-Comprobar la situación de salud y asistencia médica de las personas residentes, así como la preservación de su derecho a la intimidad y la privacidad de sus comunicaciones

-Comprobar si el personal laboral es suficiente en cada uno de los centros residenciales

-Necesidad de modificaciones legislativas para mejorar el control de los servicios asistenciales de los centros públicos, y crear un Protocolo de Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicos más exigentes con los derechos humanos, las necesidades y dignidad de nuestros mayores

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, solicitó formalmente ayer miércoles, 15 de enero, el amparo del Justicia de Aragón para que se investiguen las “deficiencias que se producen constantemente en los diferentes centros asistenciales de la Comunidad Autónoma de Aragón públicos y privados”.

El presidente de la FABZ, Manuel Arnal, la responsable de la Comisión de Mayores, María Luisa García Plaza, y la asesora jurídica, Noelia Martínez, se entrevistaron con el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, al que presentaron una amplia documentación sobre quejas y denuncias no resueltas, deficiencias e incumplimientos de los contratos, por parte de algunas empresas concesionarias de residencias de mayores.

Estas residencias, de las cuales la FABZ ha tenido conocimiento por noticias de los usuarios y familiares, son en concreto de la provincia de Zaragoza de titularidad pública con gestión privada o privadas con plazas concertadas. Sin embargo, la FABZ considera que la inspección debería extenderse  al resto de residencias y centros de la CCAA de Aragón para detectar si hay incidencias similares a las que, lógicamente, la FABZ no ha podido tener acceso.

Los representantes de la FABZ destacaron ante el Justicia la extrema vulnerabilidad de muchos delos usuarios de las residencias, su indefensión, y la gravedad de algunas de las deficiencias observadas que atentan a la salud, la dignidad y derechos de las personas.

En concreto, la solicitud de la FABZ para la intervención del Justicia de Aragón se extiende a los siguientes aspectos:

1.- Asegurar la existencia de Hojas de Reclamaciones oficiales y reglamentarias en todas las residencias.

2. – Derecho a la participación libre y eficaz de los residentes o familiares de los mismos en las Juntas de Gobierno y los diferentes órganos de los centros residenciales.

3.- Comprobar fehacientemente el estado de edificios y las instalaciones en relación al mobiliario, limpieza y salubridad.

4. – Comprobar la calidad de la alimentación así como la suficiente atención en las comidas a los residentes, productos frescos y respeto a dietas prescritas y adecuadas a los usuarios. Solicitamos que familiares del residente puedan comer en alguna ocasión, limitando el número de personas externas en cada comida en atención al respeto al personal y a los residentes (mínimo 2 personas en la hora de la comida).

5.- Garantizar el cumplimiento por parte de las concesionarias en relación a los compromisos adquiridos con la Administración en los Pliegos de Condiciones.

6.- Comprobar si el personal laboral es suficiente en cada uno de los centros residenciales valorando la contratación total de cada una de las empresas concesionarias para poder valorar de forma correcta los ratios de atención.

7.- Comprobar la situación de salud y asistencia médica de las personas residentes, así como la preservación de su derecho a la intimidad y la privacidad de sus comunicaciones.  Se debe promover un mayor control sobre el servicio de farmacia y su distribución hasta que pueda entrar en vigor la normativa que se ha elaborado este año.

8.- Estudiar junto con el Gobierno de Aragón la necesidad de modificaciones legislativas en atención a mejorar el control de los servicios asistenciales de los centros públicos, y proceder a crear un Protocolo de Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicos más exigentes con los derechos humanos, las necesidades y dignidad de nuestros mayores.