En una sociedad aparentemente democrática no es admisible que los poderes económicos financieros acaben imponiendo su criterio al poder judicial

Hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de todo el Estado a participar y organizarse contra esta decisión injusta, irracional y que desprotege aún más a la ciudadanía frente a los poderes bancarios y financieros

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) que engloba a más de 100 federaciones vecinales y más de dos mil asociaciones vecinales, llama a la movilización social contra la indignante e injusta decisión que considera que todo o parte de los gastos generados por la tramitación de los préstamos con garantía hipotecaria deben de soportarlo los y las clientes.

Desde el movimiento vecinal organizado tenemos claro que las presiones financieras han obligado a enmendar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre que viene a declarar que el beneficiario del documento notarial en el que se recoge la hipoteca no es otro que el banco, pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar la hipoteca en caso de impago de un modo rápido y privilegiado, por estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Sólo al banco le interesa la inscripción de la hipoteca, que es el elemento determinante del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, pues solo a él debe imputarse el pago del citado impuesto.

En una sociedad aparentemente democrática donde impera la separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial no es admisible que los poderes económicos financieros acaben imponiendo su criterio al poder judicial como hemos podido ver hoy. Existen fundamentos jurídicos suficientes para imponer a los bancos el pago del impuesto, por lo que este debería ser el único criterio que debe prevalecer frente a las presiones de los poderes económicos.

Por tanto, desde la CEAV hacemos un llamamiento a los vecinos y vecinas de todo el Estado a participar y organizarse en las diferentes acciones que se planteen contra esta decisión injusta, irracional y que desprotege aún más a la ciudadanía frente a los poderes bancarios y financieros.

Nos reiteramos en que, si la hipoteca a quién beneficia exclusivamente es al Banco, éste debe ser el que pague el impuesto.