La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), dado que el Gobierno Municipal de Zaragoza ha sometido a consulta pública la modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y veladores, ha presentado una serie de alegaciones a la misma.

Los motivos de estas alegaciones son varios, comenzando por el incumplimiento de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, Agenda Urbana para la Unión Europea,  Agenda Urbana Española, la Estrategia Aragonesa de Desarrollo Sostenible o la ECAZ 3.0., ya que toda acción pública deberá aplicar como herramienta básica los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Pero las alegaciones no se quedan aquí, ya que el ámbito de aplicación de la ordenanza no es otro que el espacio público: una propiedad pública y de dominio y uso público, por lo que las iniciativas llevadas a cabo en él deben apostar por una construcción de tejido urbano igualitario y abierto, con diversidad de centralidades y sin vocación segregadora.

La aplicación de la ordenanza tal y como la presenta el Gobierno Municipal, no solo supondría la masificación de veladores en determinados distritos, alterando los aspectos estéticos de los mismos, sino que también conlleva otro tipo de inconvenientes para la ciudadanía, dando pie a aglomeraciones en torno a las mesas altas que se pretenden instalar en vías estrechas, impidiendo así la circulación por las mismas de personas con movilidad reducida, invidentes o aquellas que hagan uso de algún tipo de instrumento para desplazarse, bien de forma individual o en familia, como pueden ser los carros de bebés. Dichas concentraciones también provocan las correspondientes molestias derivadas de su ejercicio, impidiendo el descanso del vecindario con todas las consecuencias que conlleva la contaminación acústica.

Además, la modificación de dicha ordenanza implica un aumento de hasta el 65% para terrazas y veladores, resultando excesivo ya que da prioridad a la explotación privada del espacio público frente al uso de este por parte de los transeúntes, alterando también la estética incluso en espacios con valor de bien de interés cultural y las medidas de distancia entre calefactores y fachadas, lo que aumentaría el riesgo de accidentes en los edificios anexos; calefactores cuya moratoria se extendería hasta diciembre de 2023 y no hasta diciembre de 2021, en base a la Declaración Institucional Green City Accord, que aprobó el pleno del Ayuntamiento comprometiéndose a reducir las emisiones de CO2 al 50-55%, siguiendo así el ejemplo de ciudades europeas como París o Rennes, entre otras.